Busca diputada fortalecer la implementación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Chihuahua

La diputada de morena, Elizabeth Guzmán Argueta, exhortó a las autoridades estatales a fortalecer la implementación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua, así como a los ayuntamientos de la entidad a revisar, profundizar la armonización y robustecer su marco de actuación en materia de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de garantizar su cumplimiento efectivo.

A través de una proposición con carácter de punto de acuerdo, la legisladora explicó que la movilidad forma parte esencial de la vida cotidiana de las personas, ya que permite el acceso efectivo al trabajo, la educación, los servicios de salud, el espacio público y la convivencia social.

“Cuando los traslados no se realizan en condiciones seguras, accesibles y dignas, se pone en riesgo directo la integridad y la vida de las personas”, sentenció Guzmán Argueta.

La diputada detalló que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, destacó que el artículo 4° constitucional reconoce de manera expresa el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, lo que constituye un mandato claro para todos los órdenes de gobierno.

Elizabeth Guzmán agregó que, si bien diversos ayuntamientos han avanzado en la adecuación de sus reglamentos y disposiciones administrativas, persisten retos relevantes, como la incorporación plena de la jerarquía de la movilidad, la prevención de riesgos y siniestros viales, así como la priorización de la protección de la vida de las personas usuarias de la vía pública.

Finalmente, hizo hincapié en que la propuesta no busca descalificar el trabajo institucional realizado por los municipios ni por las autoridades estatales, sino impulsar un proceso de mejora continua, coordinación interinstitucional y fortalecimiento del marco de actuación en materia de movilidad y seguridad vial.