Moverse es un derecho, no un privilegio

El pasado viernes 23 de enero, diputadas y diputados de la bancada de MORENA en el Congreso del Estado de Chihuahua presentamos, ante la Diputación Permanente, un exhorto para que se atendieran diversos problemas relacionados con el transporte público en Ciudad Juárez.

De manera “sorpresiva” (así, entre comillas), la bancada del PAN —mayoría en este órgano legislativo— decidió rechazar la propuesta, al considerar que no se trataba de un tema que requiera atención. Con ello, ignoraron el calvario que miles de juarenses enfrentan diariamente para trasladarse y llevar el sustento a sus hogares. Al parecer, para ellos la gestión del Gobierno Estatal en materia de transporte ha sido impecable, o bien, simplemente no es una prioridad en este momento.

El punto de acuerdo en cuestión fue resultado de reclamos reiterados de la ciudadanía, recogidos durante recorridos de escucha, así como de reuniones sostenidas en el mes de diciembre con organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo Peatones Heroicos, quienes han sido una guía invaluable en estos temas.

Básicamente lo que solicitamos era lo siguiente:

1. La atención de las quejas de los vecinos en relación con este servicio público.
2. La instauración de mesas técnicas abiertas para proponer más rutas alimentadoras que conecten a las colonias del Poniente de la Ciudad con los sistemas del transporte troncal.
3. La reanudación inmediata de las sesiones del Consejo Consultivo de Transporte, el cual no ha sesionado en más de dos años cuando por ley debe hacerlo al menos dos veces al año.
4. Se refuerce la vigilancia y supervisión de las personas concesionarias con el fin de verificar la calidad tanto de las unidades como de la prestación en el servicio.

No se pidió nada del otro mundo, de hecho las propuestas se quedaban cortas. Seguramente habría más por parte de las miles de personas usuarias que dependen de este servicio cada día.

En ese sentido, es importante recordar que la movilidad es un derecho humano plenamente reconocido por la Constitución, los tratados internacionales y la legislación estatal en la materia. Este reciente marco normativo supuso un cambio de paradigma, al colocar al peatón —y ya no al vehículo— en el centro de la movilidad urbana, y asimismo  reconocer al transporte público como un eje rector para la reducción de las desigualdades sociales y territoriales. No obstante, en la realidad estamos aún lejos de ello.

De acuerdo con datos del INEGI, los hogares con menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos al transporte, llegando a gastar casi una cuarta parte de su ingreso en esta necesidad, mientras que los hogares con mayores ingresos destinan, en promedio, solo alrededor del 11 %.

En otras palabras, entre menos se gana, más se gasta para desplazarse.

Esto se debe a diversos factores, pues ante la falta de un transporte público digno y de calidad, las personas usuarias se ven obligadas a recurrir a alternativas para cubrir los tramos no atendidos, que van desde los traslados a pie durante largas distancias hasta el uso de transporte por aplicación, lo que impacta negativamente en sus tiempos de traslado, ingreso y en su calidad de vida.

La narrativa del oficialismo estatal en materia de transporte público se ha centrado casi exclusivamente en subrayar el funcionamiento del sistema BRT, invisibilizando la inoperancia, el mal estado de las unidades, el incumplimiento de los requisitos del modelo y otros desperfectos del resto de los sistemas concesionados de la ciudad.

Prueba de ello, como se expuso en el exhorto, es que el Consejo Consultivo de Transporte —órgano técnico y colegiado con facultades de asesoría y mejora del transporte público en las grandes urbes del Estado— tenga más de dos años sin sesionar; la última ocasión en que lo hizo fue para aprobar aumentos en las tarifas.

Esto da cuenta de un gobierno estatal omiso en la prestación de este servicio que tiene bajo su gestión, desentendido de las deficiencias en el mismo y ajeno a la situación social que atraviesan las personas usuarias.

Y del BRT todavía llegan a decir que “no costea”, habría que recordarles que la prestación de un servicio de esta índole se realiza desde la óptica del interés común y no desde la lógica del bolsillo; pero en otros temas, como en la publicidad estatal, ahí si no hay ningún reparo para exceder varias veces el presupuesto.

Otra gran deuda pendiente es la insuficiente respuesta ante las situaciones de violencia de género que persisten al interior del transporte público, como el acoso y el abuso. El desplazamiento cotidiano no debe convertirse en una experiencia de violencia para las miles de mujeres que utilizan estos servicios. El Estado, en coordinación con las personas concesionarias, debe garantizar la seguridad para las mujeres en sus sistemas de transporte.

Solo hasta que se satisfagan estos requisitos mínimos en los estándares de prestación del servicio, cuando se conciba al transporte y a la movilidad como un bien público y no como un negocio, y, sobre todo, cuando exista una verdadera disposición política para escuchar y proponer, será posible ejercer este derecho humano en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.