Un decreto a la medida de Jesús Ramírez: afectación al erario por 27 mil millones de pesos
El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares.
Según el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, del que Proceso adelanta este capítulo en exclusiva, el programa de “compensación vitalicia” —presentado como acto de justicia social— careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27 mil millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos del propio Ramírez Cuevas, incluida la precandidatura de Clara Brugada. Editado por Planeta, el título firmado junto a Jorge Fernández Menéndez estará en librerías a partir del 11 de febrero.
El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que estableció una «compensación vitalicia por justicia social» para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Esa disposición, controvertida y discutida incluso dentro del gabinete presidencial, marcó un punto de quiebre no solo en el manejo presupuestal del Estado, sino en la interpretación de la justicia laboral.
Lo que fue presentado como un acto de reparación para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción del organismo en 2009, derivó en una operación política dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, cuya influencia fue clave para convencer al presidente López Obrador de implementar el programa, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley.
Jesús Ramírez, en quien el presidente depositó una confianza plena al encomendarle esta causa, terminó abusando de ese encargo para obtener una ventaja política personal. En lugar de actuar con responsabilidad institucional, utilizó el tema para posicionar a sus aliados, intervenir en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y operar políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, a pesar de que la preferencia evidente de la candidata Sheinbaum se inclinaba por Omar García Harfuch. Esta traición política interna generó fricciones dentro del movimiento y mostró cómo una encomienda presidencial se transformó en una herramienta para jugar en contra de los intereses de la propia presidencia. Proceso
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El PAN prepara competencia de perfiles con candidaturas externas
Aun cuando el PAN ha anunciado una apertura a perfiles externos que compitan por las candidaturas a gobernador en 17 entidades en 2027, en Chihuahua siguen sonando como aspirantes Marco Bonilla y Daniela Álvarez.
Según Santiago Taboada, secretario de Acción Política, la apertura a perfiles externos pretende atraer a los aspirantes más competitivos, independientemente de si cuentan con militancia o no.
Tanto militantes del PAN como ciudadanos externos podrán participar en el proceso de selección y se utilizarán encuestas.
Los aspirantes naturales del PAN que suenan a las gubernaturas son:
Baja California: Gina Andrea Cruz Blackledge
Chihuahua: Marco Bonilla y Daniela Álvarez
Querétaro: Felipe Fernando Macías y Luis Nava
Nuevo León: Fernando Margáin Sada
Sonora: Antonio Astiazarán
Michoacán: Alfonso Martínez
Sinaloa: Roxana Rubio y Eduardo Ortiz
Guerrero: Yesenia Galarza y Gustavo Alarcón Herrera.
ONG´s buscan ser partidos políticos
De cinco organizaciones que pretenden convertirse en partidos políticos, tres de ellas de corte conservador, encabezan la lista de afiliaciones para el registro.
México Tiene Vida, liderada por Jaime Ochoa Hernández, cuenta con un total de 303 mil 739 afiliados.
Le sigue Construyendo Solidaridad y Paz, bajo la dirigencia de Hugo Eric Flores Cervantes, que suma 287 mil 128 registros.
Por su parte, Somos México, dirigida por Guadalupe Acosta Naranjo, cuenta con 199 mil 363 afiliados; a esta organización le faltan 56 mil 667 personas.
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