Tips en Cascada, 09 de febrero del 2026

La salida de Adán Augusto López de la coordinación política del Senado sigue provocando secuencias importantes, pues además de que representa un debilitamiento claro al grupo Tabasco, al mismo tiempo activó un reacomodo del mapa político de Morena en Chihuahua.
Cuando el centro pierde tracción, los liderazgos territoriales avanzan. Y de esa manera citan que el principal beneficiado de esa caída política de López, es Cruz Pérez Cuéllar, cuya ruta hacia la gubernatura se afianza por la estructura territorial que ha desarrollado. 
Paradójicamente, y hay que poner atención en el dato, Cruz salió al paso del anuncio de Adán Augusto López de que Andrea Chávez será la candidata y próxima Gobernadora de Chihuahua, al advertirle que serán los chihuahuenses quienes decidan y no los de fuera, lo que contrasta con aquella revelación hecha precisamente por López, cuando sentenció que "le habían robado la candidata Cruz", cuando sacaron a Juan Carlos Loera como el candidato a la gubernatura.... ahora, el propio Adán Augusto le piensa robar la candidatura, para dársela a Andrea Chávez....
Con este nuevo escenario, ahora corren versiones de que Andrea Chávez vendría aterrizando en Ciudad Juárez con la candidatura a la presidencia municipal. En el tablero actual no existe una figura interna capaz de competirle una encuesta en este municipio y su proyección no es aspiracional, es consecuencia de la correlación real de fuerzas.
Para el Grupo Coyoacán, el panorama es menos alentador, en el avance simultáneo de Cruz hacia la gubernatura y de Andrea hacia Ciudad Juárez reduce significativamente su margen de maniobra y esto ha encendido alertas, particularmente en diputadas y diputados de Ciudad Juárez, quienes han señalado de forma reiterada un problema estructural. Ninguna de sus figuras aparece en encuestas, ni locales, ni estatales.
Las mismas voces de los diputados, señalan que a pesar de a esta preocupación, se suma una crítica interna persistente, que la operación política en Juárez se ha concentrado casi exclusivamente en fortalecer la figura de Mayra Chávez, dejando al resto de los cuadros sin plataforma ni proyección.
El resultado es un embudo político que no genera opciones y debilita al conjunto.
En este punto aparece un elemento incómodo, pero imposible de ignorar. Juan Carlos Loera, cuyas declaraciones han sido señaladas por minar la unidad interna, ha coincidido públicamente con quienes denuncian el uso faccioso y patrimonial de la delegación del bienestar.
Más aún, ha expresado abiertamente su arrepentimiento respecto del impulso político otorgado a Mayra Chávez, señalando que la institución se habría utilizado para construir un proyecto personal no colectivo, pues la acusa "por su pasado priista y Duartista".
La expresión es políticamente reveladora, aun viniendo de una voz que ha tensado el movimiento.
Diputados locales y actores territoriales vienen advirtiendo una operación cerrada excluyente que apuesta todo a una sola figura que no despega en mediciones, mientras el resto queda relegado.
En ese escenario, incluso al interior del propio grupo se asume que a Mayra Chávez le alcanzaría, en el mejor de los casos, una diputación local o federal, un espacio posible pero insuficiente para absorber las aspiraciones de quienes hoy se sienten desplazados por una triple presión, el repliegue del Grupo Tabasco, la influencia territorial de Cruz y el peso político creciente de Andrea.
Chihuahua entra sin una fase donde el poder ya no se negocia en privado, sino que se verifiquen encuestas y territorio, mientras no entiendan esta lógica, quedarán defendiendo estructuras sin futuro electoral, el tablero ya cambió y esta vez lo movió la realidad.
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Qué esperaban en Morena, sobre el uso de los programas sociales con fines electorales, como para que el senador Juan Carlos Loera, se quejara de la Delegación del Bienestar, siendo que él ya fue delegado y estuvo bajo lupa en trampolín natural para las candidaturas, incluyendo a la gubernatura, que perdió.
Tras la salida de Adán Augusto López Hernández, Loera señaló que el ex coordinador de los senadores puede tener una favorita para la gubernatura, pero eso no significa que imponga su dicho sobre las encuestas para las candidaturas.
Ya con el debilitamiento del “Grupo Tabasco” en cuanto a poder de maniobra, interlocución y recursos a discreción desde la coordinación del Senado, ahora la guerra ha comenzado y la idea es minar al “Grupo Coyoacán” y la Delegación del Bienestar de Ariadna Montiel y Mayra Chávez, donde la primera acusación es que con los programas se trata de beneficiar a favoritos.
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Por cierto, el caso del alcalde de Tequila y sus vínculos con el narco pegan en Chihuahua. En morena se conformó una Comisión de Evaluación que se encargó de aprobar los perfiles de los aspirantes a las diferentes candidaturas. En 2024 la integraron Mario Delgado, Citlalli Hernández, Alejandro Peña, Andrea Chávez y Javier Cabiedes quienes debieron revisar el perfil del candidato a alcalde.
En esta comisión estaba Andrea Chávez, la candidata de Adán Augusto, Javier Corral y el Grupo Tabasco. 
La cuestión es cómo es que estos personajes de Morena de esa comisión, no se dieron cuenta quién estaban postulando. O puede que supieran y lo dejaron pasar, con eso de la relación política y delincuencia.
Al alcalde de Tequila por Morena, Diego Rivera Navarro, se le acusa en la carpeta de la FGR, de ordenar el secuestro de Guillermo Cordero García, su compañero de partido y también aspirante a la candidatura. El “morenista” pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación un pago anual de 40 millones de pesos del erario para controlar el cobro de piso, secuestros y extorsiones, de esa calaña algunos narco políticos de Morena a los que convirtieron en candidatos y validó esa comisión.
Pero no sólo es una candidatura, son varios que perfilaron para la era de la hipocresía y la mentira, el populismo, nepotismo y al tráfico de influencias que derivó en el despilfarro y una corrupción desmedida, el desmantelamiento de instituciones, un autoritarismo que culmina en la consolidación de los narco-políticos.
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 “Si alguien piensa que las apelaciones son una pérdida de tiempo, basta revisar los Toca Penal N97/2025, N110/2025, N111/2025 y N92/2025. En todos aparece el mismo nombre: Juan Pablo Campos López. Y en todos pasa algo parecido: la resolución original no sobrevive al primer análisis serio.
En el N97/2025, la detención era ilegal. Un detalle menor, al parecer, porque aun así hubo imputación, vinculación a proceso y prisión preventiva. La corrección llegó después, con revocación y vista al Tribunal de Disciplina Judicial. Primero se encarcela, luego se revisa la legalidad.
Los N110/2025 y N111/2025 aportan variedad al expediente. No se analizaron todos los argumentos de la defensa, lo que obligó a anular parcialmente la audiencia y pedir algo casi revolucionario: resolver todo lo planteado, de manera completa y fundada. Juzgar, pues.
Y el N92/2025 cierra el cuadro. La decisión se confirma, sí, pero con apercibimiento incluido. Traducción libre: el resultado pasó, el razonamiento no. Y aviso claro de que la siguiente vez ya no habrá tono didáctico.
Cuatro apelaciones, mismo patrón. Resoluciones automáticas, motivaciones débiles y análisis a medias. No es mala suerte ni una coincidencia estadística. Es una forma de ejercer la función judicial.
Y aquí entra lo verdaderamente relevante: la ciudadanía tiene derecho a saber cómo trabaja quien llegó al cargo por el voto popular. No para linchar, sino para evaluar. Porque votar por jueces no puede significar votar a ciegas. La transparencia no termina en la boleta; empieza cuando se revisa cómo se juzga.
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El 16 de febrero marcará la fecha en la que el Congreso del Estado elegirá a la nueva titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). 
No se trata solo de un cambio de nombre o de un cargo más en el organigrama estatal. La CEDH es una institución que, en teoría, debe velar por quienes enfrentamos violaciones a nuestros derechos, ya sea por la actuación de autoridades, por la violencia que padece la sociedad o por la indiferencia institucional. Es o debería ser un contrapeso, un espacio donde la voz de la ciudadanía encuentra eco frente a las fallas del Estado.
Por eso, la elección del 16 de febrero debe observarse con atención más allá de lo político. Debe ser una oportunidad para exigir transparencia, rendición de cuentas y compromiso real con la sociedad. Los diputados tienen en sus manos la responsabilidad de elegir no a quien mejor les convenga políticamente, sino a quien mejor represente la dignidad y los derechos de la población.