Advierten incertidumbre en el plan de México para saciar apetito de Trump por minerales raros
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Aunque los gobiernos de Estados Unidos y México aún no dan a conocer qué minerales están implicados en las nuevas medidas que derivarán del “plan de acción sobre minerales críticos”, la administración de Donald Trump ya cuenta con una lista de 60 minerales a los cuales considera estratégicos para sus industrias, incluyendo algunos que son producidos en México como aluminio, cobre o, potencialmente, litio.
En noviembre último, a petición de la administración Trump, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elaboró una lista de minerales y tierras raras “cuyo recorte en el suministro implicarían altos costos para la economía de Estados Unidos, y que son esenciales para tecnologías como smartphones, discos duros y sistemas avanzados de defensa”.
De esa lista destacan varios minerales clave para la industria minera y metalúrgica de México –la cual movilizó 238 mil 482 millones de pesos en 2024–, como aluminio, un sector multimillonario que representa entre 3% y 3.5% del PIB, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), o el cobre, un mineral que México utiliza abundantemente en su industria y generó exportaciones de cuatro mil 925 millones de dólares en 2024.
Entre los minerales de la lista del USGS que son producidos en México, figuran la plata, sector cuyo valor de producción alcanzó 68 mil 240 millones de pesos en 2024, según la Secretaría de Economía (SE); el plomo, con seis mil 543 millones de pesos; el zinc, con 21 mil 375 millones de pesos; la fluorita, con siete mil 354 millones de pesos; el grafito, con cuatro millones 488 mil pesos; el manganeso, con 900 millones 862 mil pesos, o el carbón metalúrgico, pero también minerales extraídos en cantidades más pequeñas, como el antimonio o la barita.
Otros minerales en los que el gobierno de Trump tiene un fuerte interés y que están presentes en México son el uranio y el litio.
Ese último, utilizado de manera masiva en las baterías de los dispositivos móviles y en los vehículos eléctricos, ha generado gran especulación en México durante el sexenio pasado, sobre todo cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la nacionalización del litio –quitando una concesión a una empresa de China– y encargó su administración a una empresa paraestatal, Litio para México, aunque sus promesas de un nuevo auge minero con el litio han quedado en el aire: la empresa sólo tiene 14 trabajadores y no ha realizado acciones relevantes en sus cuatro años de existencia.
Cambio de vía
En el caso del cobre, siete de cada diez pesos exportados tuvieron a China como destino. Mediante su iniciativa sobre minerales críticos, el gobierno de Trump pretende redirigir hacia su industria los flujos de minerales críticos y estratégicos extraídos por países que entran en su esfera de influencia como México, la Unión Europea, Canadá o Japón; el plan tiene el objetivo anunciado de evitar un escenario en que China recorte el suministro de estos minerales, lo que paralizaría las industrias estratégicas de Estados Unidos.
Con base en el nuevo acuerdo, pactado durante la visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon a Washington, hace dos semanas, el gobierno de México se comprometió a estrechar su cooperación con el de Estados Unidos en materia de minerales críticos, lo cual pasa por un mayor intercambio de información sobre yacimientos, establecimiento de precios mínimos de importación, así como cambios en la regulación minera.
Para justificar la participación de México en esta nueva iniciativa de Trump –cuyo equipo busca distanciar al país de China–, Marcelo Ebrard sostuvo que “si no estás participando, estás en el menú, y nosotros estamos en la mesa”. Aunque el acuerdo tiene un alcance incierto, la colectiva Cambiémosla Ya advirtió que el nuevo acuerdo acarrea riesgos mayúsculos para las comunidades, pues se concentra en extraer más recursos minerales sin mencionar en ningún momento los derechos humanos o comunitarios, así como la salud o el medio ambiente.
De acuerdo con la agrupación de organizaciones, el acuerdo firmado por Ebrard representa una “traición” a las promesas de campaña de Sheinbaum, que auguraban más regulaciones a la industria minera, y marca un regreso a las políticas de minería del “neoliberalismo” lanzadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Con información de Proceso.
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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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