
Al exterior del Congreso del Estado, representantes de organizaciones en defensa de los animales, se manifestaron para exigir el aumento de penas en contra del maltrato animal y que se procese al asesino de “Vico” por el asesinato de un policía.
“Se debería de tomar en cuenta que Vico era un servidor público… era un policía que dedicó seis años de su vida a proteger, a patrullar, noches, días, incluso a ganarse el alimento porque él trabajaba como cualquier otro policía. Y nos gustaría que al tomar las medidas necesarias para sancionar a su agresor, se tome en cuenta como un policía más”, dijo Marcela Cárdenas, representante de Cat Familia A C y representante del Frente Unido por el Bienestar Animal.
Solicitaron que se reforme la ley de Bienestar Animal sobre todo los artículos 364, 365, 366, “porque el mayor castigo son dos años, siempre y cuando mates a un animal, porque si no lo matas, obviamente no alcanzas ni los tres meses, medidas de seis meses”.
“Gracias a Vico, muchas vidas fueron salvadas, ese día se salvó una vida, la forma en que murió fue un acto muy cruel porque él estaba haciendo su labor. puedo entender que es un parte del protocolo de los oficiales, que hay mucho enojo por la sociedad, sin embargo, Vico murió haciendo su deber. Para honrar su memoria, debería de reformarse la ley”, acotó.
Recordó que las sanciones por privar de la vida a un policía humano son de 20 a 50 años de cárcel, con una máxima de 70 años, “Hay que tomar en cuenta que Vico no es el primer K9 que muere, me atrevo a decir que es el tercer K9 que muere haciendo su servicio”.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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