Gobernar con humanidad: la apuesta de la Ley Beatriz

Uno de los logros más destacados de la gobernadora Maru Campos ha sido impulsar iniciativas que fortalecen la dignidad humana. Entre ellas destaca la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, conocida como “Ley Beatriz”, que representa un paso real hacia una justicia más humana y equitativa.

Según el Diagnóstico Penitenciario Femenil de la CEDH Chihuahua, la entidad ocupa el sexto lugar nacional en número de mujeres privadas de la libertad. Muchas de esas mujeres se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad: personas con discapacidad, madres con hijas e hijos menores, madres solteras, integrantes de grupos vulnerables y adultas mayores. Además, la mayoría cuenta con defensa pública, lo que pone de manifiesto las limitaciones económicas que atraviesan.

El indulto es una figura antigua: un perdón discrecional otorgado por el Poder Ejecutivo a una persona ya sentenciada. Aunque la Constitución local contemplaba esa facultad, hasta ahora no existía una normativa que regulara criterios, procedimientos y mecanismos de revisión que garanticen transparencia y equidad en su aplicación.

Por eso, celebro que la gobernadora, en colaboración con el Movimiento Estatal de Mujeres, a quien reconozco su lucha feminista y derecho humanista, impulsara la iniciativa que el H. Congreso del Estado aprobó, por unanimidad. Ese respaldo de todas las fuerzas políticas demuestra que las causas de justicia trascienden colores partidistas.

Con la Ley Beatriz vigente, corresponde ahora a las instancias competentes difundir los requisitos y mecanismos para que las mujeres que cumplan los criterios puedan solicitar el indulto. La normativa establece parámetros y crea un comité técnico institucional que profesionaliza el procedimiento y reduce la discrecionalidad histórica que ha derivado en decisiones injustas.

El indulto ha tenido históricamente connotaciones negativas por el uso tan discrecional que se le ha dado, por ello en Chihuahua, con esta ley, se busca brindar mayores garantías: criterios claros, revisión técnica y procedimientos transparentes que aumentan la certeza de que quien reciba este beneficio será realmente merecedora de él.

Más allá de su alcance jurídico, la Ley Beatriz es un reconocimiento a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Facilita la reinserción social efectiva y abre la puerta a que cientos de mujeres recuperen su libertad y su proyecto de vida. Es, además, un paso necesario para reparar las deficiencias en el acceso a la justicia, las profundas desigualdades y la impunidad que afectan a tantas personas en México. La Ley Beatriz no es la solución definitiva, pero sí un instrumento valioso y urgente para avanzar hacia una justicia más humana.

En los próximos meses seremos testigos del otorgamiento de indultos a mujeres que fueron privadas de su libertad sin haber contado, en su momento, con una defensa adecuada. Muchas de ellas enfrentaron procesos marcados por desigualdad, falta de asesoría jurídica o condiciones que vulneraron su derecho a un juicio justo.

Enhorabuena por esta decisión que reivindica la dignidad, la justicia y la libertad.