Casa Blanca solicita presupuesto de defensa de 1.5 billones de dólares
La Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1.5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán.
Si el proyecto es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1.5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso.
Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense, e implicaría un aumento de 42% en el presupuesto global del Pentágono.
Los gastos no militares disminuirían 10% (unos 73,000 millones de dólares), mediante la "reducción o eliminación de programas progresistas, politizados y derrochadores".
Estados Unidos es por lejos el país con el más alto presupuesto en defensa.
No se espera que el departamento de Defensa publique el detalle de la solicitud presupuestaria antes de fines de marzo, pero el proyecto podría constituir un marco fiscal que sume billones de dólares a la ya creciente deuda federal durante la próxima década, si el Congreso lo aprueba.
En los preparativos para la publicación de la propuesta, el presidente y sus asesores han subrayado la urgencia de aumentar el gasto en defensa, al hacer énfasis en la necesidad de reponer las reservas de armamento y otros recursos militares por la guerra en Irán.
Con información de: El economista.
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De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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