Israel bombardea complejo petroquímico clave en Irán y amplía ofensiva
EFE.- El Ejército israelí confirmó el sábado por la noche haber atacado horas antes un complejo petroquímico en la ciudad iraní de Mahshahr, como ya había denunciado la agencia IRNA, que no informó de heridos o víctimas mortales.
Según Israel, el bombardeo contra una de las instalaciones busca dañar a las fuerzas armadas del régimen iraní, ya que alega que muchos de los materiales químicos que se producían y exportaban en ella son usados "para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento".
"Esta instalación es uno de los principales centros de producción de un componente crítico para misiles balísticos", dice el Ejército.
El complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste de Irán, es uno de los principales centros industriales del país, clave para la producción y exportación de productos derivados del petróleo.
"Alrededor de las 10:45 de la mañana de este sábado (7:15 GMT), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas", anunció por la mañana el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según reportó la agencia IRNA.
Este ataque se suma a otros registrados en infraestructuras estratégicas iraníes en lo que va de la ofensiva, entre ellas las principales fábricas de acero de Irán: las acerías de Mobarake, en Isfahán (centro), y la acería de Juzestán (oeste).
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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