Identifican como mexicanos a cuatro soldados de EU heridos en Irán
Al menos cuatro soldados estadunidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos por el Pentágono, que hizo públicos los detalles de la operación Furia Épica iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.
Los cuatro soldados pertenecen al Ejército de los Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos de un total de 365 heridos.
Otros 63 heridos hacen parte de la Armada, 19 son de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.
De los 13 fallecidos, siete pertenecen al Ejército y seis a la Fuerza Aérea.
Las cifras han sido detalladas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que clasifica a otros tres soldados como hispanos.
El desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes cuando las fuerzas iraníes derribaron un caza estadunidense.
Uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras tanto, las fuerzas de EU siguen trabajando para encontrar a un segundo tripulante, del que no ha trascendido su situación.
Este sábado se cumplen cinco semanas del arranque del conflicto el pasado 28 de febrero. Justo hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de que le quedan 48 horas para que se cumpla el plazo que le dio para llegar a un acuerdo o de lo contrario atacará sus plantas energéticas.
El mandatario estadunidense ya había extendido el plazo dado sin que Teherán diera una respuesta clara sobre su disposición a dialogar.
Milenio
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Rangel acusó que cuando una figura de alto nivel difunde información que considera falsa, no se trata solo de comunicación, sino de manipulación. Además, advirtió que tolerar este tipo de prácticas implica aceptar que el poder puede mentir sin consecuencias.
Finalmente, hizo un llamado a no normalizar estos hechos, subrayando que no deben permitirse dentro de la vida pública.
Entre la placa y la copa: cuando la autoridad olvida el uniforme
La información que continúa surgiendo sobre el zafarrancho ocurrido al exterior del bar La 4 vuelve a colocar sobre la mesa un tema que incomoda, pero que no puede ignorarse: el actuar de servidores públicos encargados de la seguridad que, lejos de conducirse con responsabilidad, terminan involucrados en hechos de violencia mientras se encontraban en un entorno de consumo de alcohol.
De acuerdo con los datos que han trascendido, una mujer identificada como Karen resultó lesionada por proyectil de arma de fuego, en un incidente donde fue detenido César, señalado como instructor de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a quien se atribuyen las detonaciones. Además, se ha mencionado que la propia lesionada estaría adscrita al área de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía y que también portaba un arma.
Más allá de lo que determinen las investigaciones, el caso exhibe una problemática recurrente: la aparente normalización de que elementos con responsabilidades sensibles frecuenten establecimientos nocturnos portando armas de cargo. No se trata de cuestionar la vida personal de los funcionarios, sino de subrayar la enorme responsabilidad que implica portar un arma bajo el respaldo del Estado.
El uniforme aunque no siempre sea visible representa una investidura permanente. La capacitación, el rango o la pertenencia a áreas estratégicas no son distintivos menores; son una encomienda que exige disciplina incluso fuera del horario laboral. El consumo de alcohol y el manejo de armas es una combinación que, por sí misma, debería encender alertas institucionales.
Este tipo de episodios golpea directamente la confianza ciudadana.
La percepción pública se deteriora cuando quienes tienen la tarea de proteger terminan protagonizando situaciones de riesgo.
La exigencia social no es extraordinaria: protocolos claros, supervisión efectiva y consecuencias cuando estos se incumplen.
Si las instituciones buscan credibilidad, deben asumir que la transparencia no es opcional. La sociedad espera investigaciones imparciales, deslinde de responsabilidades y, sobre todo, medidas que eviten que hechos similares se repitan.
Porque cuando la autoridad se involucra en actos que ponen en peligro a terceros, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y ahí, el silencio o la tibieza no son opciones.
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