
XALAPA, Ver. (apro).— La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) detalló que la muerte de una médica del IMSS, registrada durante una persecución en el municipio de Tihuatlán, ocurrió en un contexto de “fuego cruzado”, luego de que inicialmente se señalara una posible confusión en la actuación policial.
De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos iniciaron cuando elementos estatales detectaron el robo de un vehículo tipo SUV color blanco, cometido por cuatro hombres armados con armas largas, quienes se desplazaban en un vehículo sedán color azul.
La dependencia informó que esto derivó en una persecución que comenzó en Tihuatlán y se extendió hasta la caseta de cobro de Tuxpan.
“Durante la persecución, al repeler la agresión por parte de los presuntos infractores de la ley, dos mujeres que viajaban en su vehículo particular resultaron heridas”, señaló la SSP.
La institución agregó que “una de ellas perdió la vida, mientras la otra persona se encuentra estable de salud”.
La víctima fue identificada como Bertha Burciaga Mora, de 38 años, médica del Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica, quien murió en el lugar.
Su acompañante, trabajadora del Hospital General de Zona No. 26 en Tuxpan, resultó herida y fue trasladada a una clínica, donde su estado de salud se reporta como estable.
La SSP indicó que, tras los hechos, el personal involucrado y las armas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.
Con información de: Proceso.

Versiones al interior de Morena apuntan a una reconfiguración en su dirigencia. Luisa María Alcalde dejaría la presidencia del partido, mientras que Carolina Rangel asumiría de forma temporal para encabezar el proceso que llevaría a Ariadna Montiel al liderazgo nacional.
En la Secretaría de Organización, se prevé la salida de Andrés Manuel López Beltrán, con la posible llegada de Esthela Damián. De acuerdo con fuentes, algunos de los involucrados ya habrían comenzado a despedirse, aunque no existe confirmación oficial.

Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.

A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.
El accidente ocurrido en la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.
El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.

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