Por deuda de 118mdp al SAT de ISR no reportado, piden auditoria al Ayuntamiento de Juárez
El Congreso del Estado por mayoría de votos solicitó a la Auditoría Superior y a la Fiscalía Anticorrupción, ambas del Estado de Chihuahua, que inicien las investigaciones conducentes para determinar si los hechos relacionados con la no retención y/o no entero del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores del Municipio de Ciudad Juárez constituyen infracciones administrativas o delitos, y en su caso, se finquen las responsabilidades que en derecho procedan.
Lo anterior, luego de aprobar el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Xóchitl Contreras Herrera (PAN), quien señaló que el Municipio de Ciudad Juárez enfrenta hoy una deuda fiscal con el Servicio de Administración Tributaria por concepto del Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que no fue enterado en tiempo y forma a la autoridad hacendaria federal.
“Según información difundida por el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, José de Jesús Granillo Vázquez, dicho adeudo asciende a aproximadamente 118 millones de pesos” dijo.
Además, resaltó que el ISR retenido no es dinero del gobierno municipal. Es dinero de los trabajadores que el Municipio administra de forma temporal y que tiene la obligación legal de enterar al fisco federal en los plazos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. El incumplimiento de esta obligación sea por acción o por omisión, no es un asunto menor.
En ese sentido, se solicitó se incluya una auditoría y/o revisión de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, respecto de los cuales el propio Presidente Municipal ha reconocido públicamente la existencia de omisiones en el entero del ISR, así como de los ejercicios fiscales posteriores al 2021 sobre los que el Municipio no ha proporcionado información pública a la fecha y, una vez hecho lo anterior, informe a esta soberanía los resultados. Asimismo, en caso de que de su revisión advierta la existencia de ilegalidades u omisiones, denuncie ante las autoridades correspondientes.
Por último, declaró que no es tarea del Congreso determinar de manera definitiva quién delinquió ni en qué medida; esa atribución corresponde en exclusiva a las instancias de fiscalización y procuración de justicia. Sin embargo, sí es obligación de este Congreso actuar como voz de la ciudadanía y exigir que los órganos competentes ejerzan sus facultades investigadoras de manera pronta, objetiva e imparcial.
Tips al momento
Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses
Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.
Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU
A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.
El accidente ocurrido en la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.
El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.
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Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.
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