
El recién aprehendido contralmirante Fernando Farías Laguna, identificado como sobrino político del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda Durán, mantuvo operaciones financieras por 15 millones de pesos con empresas propiedad de Gilberto Salazar Escoboza, un empresario sonorense que fue sentenciado en 2013 en Estados Unidos por fraude bancario.

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De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en el acceso a expedientes de la causa penal que sigue la Fiscalía General de la República (FGR), señala que estas transferencias fueron catalogadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las operaciones forman parte de la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina, descubierta tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico en marzo de 2025.

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Según los documentos consultados por la organización, tan solo en 2025, Farías Laguna recibió depósitos por 40.3 millones de pesos y realizó transferencias por 39.7 millones de pesos.
Entre los movimientos más destacados se encuentra una recepción de 5 millones de pesos de la empresa Agroexportadora SE y tres envíos que suman 10 millones de pesos hacia la compañía Agronegocio SE. Mediante registros mercantiles, MCCI comprobó que ambas firmas pertenecen a Salazar Escoboza y sus hijos.
La investigación subraya el historial delictivo de Gilberto Salazar Escoboza en territorio estadounidense. El 14 de julio de 2012, el empresario fue detenido en San Diego bajo cargos de fraude bancario por afectar al Banco de Exportaciones e Importaciones de EUA (EXIM Bank) con un esquema de 4.4 millones de dólares.
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La acusación de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas estableció que, entre 2008 y 2009, el empresario presentó documentos y cheques falsos para simular compras de mercancía a la compañía Cal-Pine que nunca ocurrieron.
El objetivo era obtener préstamos garantizados por el gobierno norteamericano. Finalmente, en marzo de 2013, Salazar Escoboza se declaró culpable, resarció parte del daño, pagó una multa de 500 mil dólares y fue deportado a México.
MCCI también reveló conexiones entre los socios del Contralmirante y la cúpula política de Sonora. Las empresas de Salazar Escoboza han realizado negocios con el ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez, quien es socio de Farías Laguna en la firma Inmobiliaria Falaycava SA de CV.
Asimismo, la organización puntualiza que Castillo Vázquez es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en empresas tanto en México (Sedona Springs) como en Estados Unidos (Proxima Centauri LLC).

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Por otro lado, la investigación documenta la influencia de Salazar Escoboza con exmandatarios sonorenses:
Se reporta que, a pesar de sus antecedentes penales, Salazar Escoboza continuó participando en programas de financiamiento federal de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), manteniendo líneas de crédito activas para sus proyectos agroindustriales en Guaymas y Hermosillo.
Con información de: Político.mx