Sheinbaum: no tenemos obligación legal de vigilar a acusados por EU

Aunque el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección del gobierno y está en esa entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el caso de los otros requeridos por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, su administración no tiene ninguna obligación legal para tener vigilancia sobre ellos.

A partir de la investigación que hace el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre exfuncionarios mexicanos, la presidenta indicó que se activó una ficha roja de Interpol para su detención en otros países, en caso de que escapen de territorio mexicano. 

“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerte en fichas rojas por parte de la Interpol, eso es del Gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, expuso en la conferencia mañanera.

La mandataria defendió también que su administración no tendría por qué mantener contacto directo con los acusados en Estados Unidos a quienes tampoco le dan protección como la que ofrecen a Rocha Moya que es, a decir de la presidenta, para preservar su vida como se preservaría la de cualquier otro mexicano. 

 Esta protección desde el gobierno, dijo la presidenta, fue solicitada por Rocha y, de acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue sugerida por el Gabinete de Seguridad. 

Esta mañana la mandataria mexicana también afirmó que la seguridad que se le da a Rocha Moya es de la Guardia Nacional, mientras que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicó que se trata de protección estatal.  

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación que deberán desarrollar, “pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas”.

En torno a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, ambos de Sinaloa, que se entregaron a autoridades en Estados Unidos, insistió en no saber las razones de por qué lo hicieron.  

“Ellos decidieron entregarse, las dos personas entraron en contacto con Estados Unidos” y agregó: “Allá sabrán ellos por qué se entregaron”.

Al mismo tiempo, cuestionó para qué su gobierno tendría comunicación con el resto de investigados en Estados Unidos por ligas con el crimen organizado, aunque en México se abrió una carpeta de investigación contra Rocha y los otro nueve señalados.  

También descartó que deba solicitar información sobre esta investigación al gobierno de Estados Unidos porque se trata, reiteró, de una solicitud de “una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

 

Con info de Proceso

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