Estados Unidos, 03/06/2026 (Más).- La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunciaron las acusaciones formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios mexicanos en activo y retirados, por presuntos delitos de narcotráfico, conspiración y posesión de armas de uso exclusivo.
De acuerdo con el documento oficial, los acusados habrían participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, mediante la cual se habría facilitado la importación de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, protección institucional y apoyo político. Entre las sustancias señaladas se incluyen fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La acusación también incluye a exfuncionarios y mandos de seguridad de Sinaloa, entre ellos legisladores, exsecretarios estatales, mandos policiales y autoridades municipales, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Según el expediente, todos los señalados habrían ocupado posiciones clave dentro del aparato gubernamental y de seguridad en el estado.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa opera con apoyo de redes de corrupción institucional, señalando que estas estructuras permiten el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Por su parte, el titular de la DEA, Terrance Cole, calificó al grupo criminal como una organización terrorista que utiliza sobornos y violencia para sostener sus operaciones.
Según las alegaciones presentadas ante la corte federal, los funcionarios habrían protegido a integrantes del cártel, filtrado información de operativos, facilitado el traslado de cargamentos ilegales y permitido actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos relacionados con la disputa criminal.
El documento judicial también sostiene que los acusados habrían recibido beneficios económicos millonarios a cambio de estas operaciones, y que algunos de ellos habrían participado directamente en acciones violentas contra personas vinculadas a investigaciones internacionales.
Las autoridades estadounidenses subrayan que el caso forma parte de una estrategia más amplia contra redes de narcotráfico transnacional y corrupción institucional. El proceso judicial está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Finalmente, la acusación precisa que todos los señalados se consideran inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario, y que las sanciones podrían incluir penas que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de cada cargo imputado.
Con información de Massinformación.
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