Tribunal Electoral abre la puerta al registro de posibles nuevos partidos; INE definirá las afiliaciones

Morena perdió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una disputa por afiliaciones duplicadas con organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales. Aunque la resolución aún no concede nuevos registros, sí deja en manos del Instituto Nacional Electoral (INE) la decisión final sobre si la boleta de 2027 tendrá nuevos competidores.

En sesión pública del miércoles 17 de junio, la Sala Superior del TEPJF confirmó que 93 mil 742 afiliaciones reclamadas por Morena como propias se contabilicen a favor de organizaciones ciudadanas en proceso de obtener registro, luego de concluir que el partido guinda no presentó documentación original suficiente para acreditar la voluntad de esas personas de permanecer en sus filas.

El caso forma parte de la etapa final del proceso de constitución de partidos políticos nacionales 2025-2026, en la que el INE revisa afiliaciones, asambleas, documentos básicos, obligaciones de fiscalización y posibles duplicidades con padrones de partidos ya existentes. El INE deberá resolver las solicitudes de registro a más tardar el próximo jueves 25 de junio y, en caso de aprobarlas, los nuevos partidos tendrán efectos legales a partir del 1 de julio.

En el primer asunto, identificado como SUP-RAP-113/2026, Morena impugnó un oficio del INE que validó las 93 mil 742 afiliaciones duplicadas a favor de organizaciones aspirantes, sin embargo, el TEPJF confirmó la decisión porque el partido presentó archivos electrónicos mediante una unidad USB, pero no constancias originales con firma autógrafa.

En un segundo caso, el SUP-RAP-132/2026, Morena impugnó otro bloque de afiliaciones duplicadas y ahí la Sala Superior le dio parcialmente la razón, aunque sólo para ordenar al INE revisar mil 913 formatos físicos con firma autógrafa.

El TEPJF precisó que esa revisión no alcanza a las cédulas presentadas exclusivamente en formato digital, por lo que, si el INE encuentra coincidencias entre la documentación física y las afiliaciones digitales aportadas por Morena, deberá consultar a las personas involucradas si desean permanecer afiliadas a Morena o a la organización ciudadana correspondiente.

Quiénes buscan el registro como partido político

En marzo, el INE informó que cinco organizaciones presentaron solicitud formal para convertirse en partido político nacional: Interacción y Empatía para Todos, Construyendo Sociedades de Paz, México Tiene Vida, Personas Sumando en 2025, que busca registrarse como Somos México, y Que Siga la Democracia.

Para obtener el registro, cada organización debe acreditar al menos 256 mil 030 afiliaciones válidas y celebrar 20 asambleas estatales o 200 distritales, además de cumplir con la revisión de documentos básicos, fiscalización, autenticidad de afiliaciones y posibles duplicidades con partidos ya existentes.

Aunque formalmente son cinco solicitudes, la discusión política y jurídica de la recta final se ha concentrado principalmente en cuatro organizaciones: Construyendo Sociedades de Paz, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia, cuyos perfiles van desde grupos cercanos al oficialismo hasta expresiones conservadoras y opositoras.

Construyendo Sociedades de Paz busca convertirse en el Partido PAZ y está vinculada con Hugo Éric Flores, fundador del extinto Partido Encuentro Social y del Partido Encuentro Solidario, fuerzas asociadas con grupos evangélicos y aliadas de Morena en distintos procesos electorales. La agrupación modificó su imagen y dejó atrás las siglas CSP, que coincidían con las iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

México Tiene Vida es una organización surgida en Nuevo León y encabezada por Jaime Ochoa Hernández, con un perfil conservador y provida, así como un discurso centrado en la defensa de la vida desde la concepción, la familia, la libertad y el Estado de derecho.

Somos México, registrada formalmente como Personas Sumando en 2025, está ligada a la Marea Rosa y a figuras opositoras a Morena. Su presidente es Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, y su secretaria general es Cecilia Soto González, excandidata presidencial.

Que Siga la Democracia es una organización identificada con la Cuarta Transformación. Nació en el contexto de la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha buscado presentarse como un brazo ciudadano de ese movimiento. Su dirigente nacional es Édgar Garza Ancira.

La organización también tiene un antecedente polémico: en 2023 el INE la sancionó por entregar información y documentación falsa durante el proceso de revocación de mandato, consistente en 14 mil 940 firmas de personas fallecidas.

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no concede por sí misma el registro a ninguna organización, pero sí despeja una de las principales disputas abiertas por Morena en la fase final del proceso, por lo que la última palabra la tiene el Consejo General del INE.

Con información de Animal Político. 

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Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores. 

Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…


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I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;

II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;

III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;

V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.

VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

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