Chihuahua figura durante 2026 entre los Estados con desplazamiento de personas a causa del narco

En conmemoración del día mundial de las personas refugiadas, el cual también pretende honrar a las personas desplazadas de todo el mundo, desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”, manifiesta su preocupación por la situación del desplazamiento forzado interno en México.

En los primeros seis meses del 2026, y desde hace varios años, diversos eventos de desplazamiento forzado interno han ocurrido en estados como Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, tan sólo en Chihuahua se desplazaron aproximadamente 600 personas en febrero y marzo; en Chiapas 30 personas en febrero; en Guerrero alrededor de 800 personas en mayo; en Michoacán más de 600 personas, en Sinaloa se documentaron 1000 nuevos casos.

Además de la violencia estructural y el abandono institucional, el desplazamiento forzado interno en México es generado por las acciones del crimen organizado en el control de los territorios: reclutamiento y trabajo forzado, siembra, preparación y trasiego de droga, tala ilegal y demás economías ilícitas que ejercen en las regiones. Muchos de estos actos son permitidos por la alianza pactada con policías y funcionariado municipal, estatal y federal, con caciques locales y con empresas mineras que les contratan para el despojo del territorio que en su mayoría pertenece a pueblos originarios.

Desde la Red TDT acudimos a una Misión Civil de Observación en Chihuahua, del 26 al 29 de mayo de este año, y pudimos constatar que hay comunidades, algunas indígenas ralámuli y ódami, desplazadas provenientes del municipio de Guadalupe y Calvo, que se movilizan a otras partes del territorio estatal y otras que provienen de estados como Sinaloa y Durango. Esto debido a que en sus hogares hay enfrentamientos entre cárteles, amenazas con reclutar de manera forzada a sus familiares, violencia sexual, secuestros, agresiones físicas y psicológicas hacia las diversas comunidades que se desplazaron. Incluso nos informaron sobre un caso de retorno forzado hacia la comunidad de Atascaderos, Guadalupe y Calvo, en donde las autoridades con competencia en la atención, no brindaron las garantías de seguridad necesarias para el retorno y la permanencia segura, lo que ocasionó el asesinato de una persona y la desaparición de dos personas retornadas más.

También acudimos a la Misión Civil de Observación en San Lorenzo de Azqueltán, Municipio de Villa Guerrero en el estado de Jalisco, del 18 al 23 de mayo de 2026, donde a parte del desplazamiento forzado interno, la comunidad indígena tepehuana y wixárika se ha visto afectada por el despojo, amenazas, hostigamiento, ataques físicos a comuneros, desapariciones, intentos de homicidio y la lamentable situación del 26 de noviembre de 2025, donde fue asesinado el Representante Agrario Marcos Aguilar Rojas. Todo ello en el contexto de la defensa del territorio, ya que mantener la posesión de sus tierras ancestrales les ha traído procesos de criminalización. Desde 1951 se encuentran luchando por su territorio ancestral sin embargo se han topado con racismo, discriminación y amenazas.

La situación de las más de 800 personas desplazadas de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, en el estado de Guerrero, integrantes del CIPOG-EZ a quienes el grupo armado les agredió asesinando a por lo menos 5 personas de las comunidades. Además, quemó viviendas, asesinó animales y sembró terror en la región cuando el 9 de mayo de 2026, integrantes de un grupo criminal ingresaron a la comunidad de Alcozacán, pues comenzaron a atacar a la población civil, incluyendo a mujeres y niñeces, con drones y armas de alto calibre. Desde el 2015, estas comunidades han estado bajo el asedio del crimen organizado, el cual busca generar terror en la población para desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena. En 11 años, hemos documentado por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones. Por su parte, el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, muestra una actitud indiferente e insuficiente frente a la desesperación de la población víctima de desplazamiento y refugio forzado.

Hoy en día las acciones que realizan las autoridades con competencia en la materia, suelen ser simulaciones que no atienden efectivamente a las víctimas, no hay políticas públicas con pertinencia cultural ni estrategias y acciones no emergentes apegadas a los principios rectores del desplazamiento forzado interno, a resolver las causas estructurales asociadas a erradicar el crimen organizado, ni mecanismos adecuados para que la impartición de justicia se traduzca en algo real y tangible para las familias afectadas.

Exigimos a los tres órdenes de gobierno, en materia de sus atribuciones y competencias, que por encima de las diferencias políticas partidistas, más allá de los intereses comerciales y económicos que sostienen con empresas extractivistas y de la negación constante de reconocer la crisis de desplazamiento y refugio forzado interno en México, a que se articulen y acudan a atender la emergencia humanitaria, investiguen y sancionen a los actores generadores de violencia, combatan la impunidad institucional y atiendan al testimonio de personas y comunidades desplazadas, informes temáticos nacionales y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en la materia.