‘Huachicol de agua’: El millonario negocio que controla el crimen organizado en 16 estados
El control del agua en diversas regiones del país ha dejado de ser únicamente un problema relacionado con pozos, pipas o tomas clandestinas, para convertirse en una actividad ilícita vinculada a grupos criminales y redes sindicales que obtienen ganancias mediante la venta, distribución y acceso al recurso. Esta situación afecta a familias, productores agrícolas, empresarios y comunidades enteras mediante extorsiones, sobreprecios, amenazas y restricciones en el suministro.
De acuerdo con reportes sobre el denominado “huachicol de agua”, esta actividad genera ganancias superiores a los mil millones de pesos anuales. Los grupos involucrados se apropian de infraestructura hidráulica, perforan tomas clandestinas, desvían corrientes de agua y operan pozos ilegales para posteriormente comercializar el recurso a través de pipas y otros medios de transporte.
Las investigaciones señalan la presunta participación de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, además de grupos regionales como Los Ardillos, Los Rojos y Los Mazatlecos. Sus operaciones se concentran principalmente en zonas agrícolas de alta demanda y áreas urbanas con problemas recurrentes de abastecimiento.
El fenómeno ha sido identificado en al menos 239 municipios de 16 estados. Entre las regiones afectadas se encuentran municipios de la Ciudad de México y el Estado de México, zonas turísticas y forestales como el Lago de Pátzcuaro en Michoacán, así como comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, donde se han reportado presiones relacionadas con el acceso al agua. También existen reportes en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.
En Sinaloa, grupos criminales han sido señalados por utilizar módulos de riego para obtener información de productores agrícolas, lo que les permitiría imponer cuotas, elevar costos de acceso al agua y ejercer presión sobre actividades productivas. Además, transportistas y agricultores han denunciado afectaciones relacionadas con el control del suministro.
La problemática también alcanza a hoteles, restaurantes, negocios y distribuidores de agua, quienes enfrentan presuntos cobros de piso para operar. En algunas zonas se reporta la imposición de monopolios territoriales que obligan a adquirir el recurso a determinados proveedores, incrementando los costos para consumidores y sectores productivos.
Por otra parte, en el Estado de México y la Ciudad de México se ha documentado la participación de agrupaciones que operan bajo la figura de sindicatos, cooperativas u organizaciones sociales. Entre ellas se mencionan el Sindicato 22 de Octubre, La Chokiza, Los 300, USON, ACME, Los Mayas, la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México y Sindicatos Unidos por la Transformación de México. Según los reportes, algunas de estas estructuras estarían relacionadas con el control de rutas de distribución, pozos ilegales y cobros por el acceso al agua.
En Guerrero, comunidades han denunciado intentos de control sobre manantiales y sistemas de abastecimiento por parte de grupos criminales. Los reportes señalan la imposición de pagos para acceder al riego agrícola y actos de violencia contra integrantes de organizaciones comunitarias.
Con información de: Político.mx.
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