
PACHUCA, Hgo. (apro).- Tres trabajadores de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, ubicada en Tizayuca, Hidalgo, fueron detenidos como parte de una investigación por el presunto abuso sexual de un alumno de 8 años, hechos que habrían ocurrido en 2024.
El director del plantel, un intendente y una docente son las personas aprehendidas por este caso que cobró relevancia nacional luego de que el 4 de enero último, el padre del menor, Juan Leonardo Pérez Téllez, interrumpió un evento en Tizayuca para exigir a la presidenta, Claudia Sheinbaum, justicia por el presunto delito cometido contra su hijo, un niño que, añadió, tiene un diagnóstico de autismo.
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, confirmó las detenciones, aunque señaló que la investigación se encuentra ya en una etapa judicial, por lo que evitó proporcionar mayores detalles por el cuidado del debido proceso.
En breve entrevista al término de la ceremonia de premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, celebrada en Pachuca, el funcionario recordó que la denuncia fue presentada desde 2024 y afirmó que, desde entonces, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo dio vista a las autoridades competentes.
"Es un tema que se reportó en 2024, inmediatamente se pasó a las autoridades de la Procuraduría del Menor, a la Procuraduría General de Justicia y, bueno, no habían encontrado elementos para poder sustentarlo ante un juez. Lo que tengo entendido ahora es que la Procuraduría ya tiene su expediente completo y lo pasa ya al Poder Judicial para que determine si hay algún responsable o alguna responsable", declaró.
Castrejón Valdez expuso que, aunque la dependencia educativa cuenta con información sobre el expediente, compete a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informar sobre los delitos imputados y el avance del proceso penal.
"Yo prefiero que sea la Procuraduría la que dé los datos. Yo tengo mucha información, pero cuando pasa a esa etapa hay que guardarla con prudencia para respetar el debido proceso", señaló al ser cuestionado sobre el tipo penal que finalmente se imputó a los detenidos, luego de que durante el desarrollo del caso se mencionaran distintos delitos.
Inicialmente fue denunciada públicamente una posible violación, por lo que familias del plantel también hicieron bloqueos en la autopista México-Pachuca en 2024; el padre, en tanto, ha denunciado la probabilidad de que se trate de un abuso sexual agravado. La PGJEH, hasta el momento, no ha precisado el tipo penal.
Castrejón Valdez pidió que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se impongan las sanciones correspondientes. De lo contrario, dijo, los trabajadores de la educación deberán ser restituidos en sus funciones.
En un posicionamiento público tras las detenciones, tanto el personal adscrito al Sector Educativo No. 30 de Primaria General Región Tizayuca como las delegaciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Región Tizayuca, Primaria General, pidieron a las autoridades “un estricto apego al principio de la legalidad” a fin de que el desarrollo del proceso “se conduzca bajo los principios de justicia, transparencia, imparcialidad y respeto a la dignidad humana”.
Asimismo, expresaron preocupación “respecto de los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se ejecutaron las acciones que derivaron en la privación de libertad de nuestros compañeros, considerando indispensables que toda actuación de autoridad se realice en estricto respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad, dignidad humana y protección a los derechos fundamentales”, aunque no dieron más pormenores de las condiciones en las que se cumplieron las tres órdenes de aprehensión.
Además de exigir justicia por el caso de su hijo, Juan Leonardo Pérez Téllez ha denunciado públicamente presuntas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación, así como actos de intimidación y hostigamiento por parte de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
En un video difundido el 12 de mayo a través de su cuenta de Facebook, el padre responsabilizó de la seguridad de su familia al encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun; al subprocurador Iram González Pérez; al agente del Ministerio Público Marco Antonio Chavarría Perchez, y al juez Víctor Manuel Portela Ortiz, a quienes señaló por presuntas omisiones e irregularidades en la atención del caso.
En esa grabación afirmó que, tras denunciar presuntos actos de corrupción, negligencia y posibles vínculos delictivos relacionados con la investigación, él y su familia comenzaron a ser objeto de vigilancia e intimidación.
Asimismo, aseguró que vehículos oficiales de la Procuraduría presuntamente los han seguido durante sus actividades cotidianas y que han recibido amenazas por parte de personas que identificó como trabajadores del Gobierno de Hidalgo. Estas acusaciones han sido realizadas por el padre del menor y, hasta el momento, no hay una respuesta pública de las autoridades a las que ha señalado.
Con información de: Proceso.