Congreso de SLP crea comisión para atender a periodistas, pero integra a promotor de reformas contra comunicadores

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., (apro) .- A una semana de la protesta de periodistas que irrumpieron en el Congreso del Estado para exigir la derogación de la llamada “Ley Serrano”, el Poder Legislativo creó una Comisión Especial de Atención a Periodistas para dar seguimiento a agresiones, pero uno de los integrantes es el propio Héctor Serrano Cortés, quien ha emprendido denuncias penales contra periodistas. 

Serrano presentó la reforma legislativa para tipificar delitos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial y recientemente emprendió acciones legales contra periodistas. La “ley Serrano” ha sido cuestionada por organismos y especialistas por sus posibles afectaciones a la libertad de expresión. 

La comisión también quedó integrada por la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina (PRI), quien durante la manifestación de comunicadores y periodistas del pasado martes 23 autorizó solicitar el apoyo de la fuerza pública para resguardar el recinto legislativo, luego de afirmar que entre los manifestantes había personas en estado de ebriedad, argumento que utilizó para justificar la presencia de elementos de seguridad cuando los inconformes ingresaron al salón de plenos. 

Otros integrantes son la diputada Dolores Robles Chairez (PVEM) y el diputado Marco Antonio Gama Basarte (Movimiento Ciudadano). 

Su creación derivó de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y, de acuerdo con Serrano Cortés, respondió a la petición de una periodista, aunque el legislador no precisó quién formuló esa solicitud ni en qué contexto se realizó. 

De acuerdo con el acuerdo aprobado por el pleno, la comisión tendrá entre sus atribuciones brindar orientación a periodistas que enfrenten situaciones de riesgo o hayan sido víctimas de agresiones; dar seguimiento a las quejas que presenten ante las autoridades competentes para procurar una atención oportuna; promover el conocimiento de los derechos vinculados con la libertad de expresión mediante acciones de capacitación y vinculación institucional, y proponer mejoras a los mecanismos de prevención, protección e investigación de agresiones contra periodistas. 

Sin embargo, se trata de una comisión especial cuya existencia depende de la decisión política del Congreso. El artículo 145 del Reglamento para el Gobierno Interior faculta al Pleno para integrar este tipo de órganos cuando existan causas que lo justifiquen, pero no establece su integración permanente, por lo que su creación no era obligatoria y dependía de la voluntad de las fuerzas políticas. 

La creación del órgano ocurre después de meses de críticas al Poder Legislativo detonadas por la aprobación de las reformas al Código Penal conocidas como “Ley Serrano”, que incorporó nuevos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial, cuya constitucionalidad fue cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones de defensa de la libertad de expresión y especialistas en derecho; y que derivaron en acciones penales contra comunicadores. 

Además, en las últimas semanas el propio Serrano promovió una denuncia penal contra el periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez y anunció que también recurrirá a la vía civil, mientras que durante las protestas realizadas en el Congreso sostuvo que detrás de las movilizaciones existían intereses políticos. 

La solicitud para crear esta comisión fue presentada al Congreso hace más de un año; sin embargo, se integró hasta después de los cuestionamientos nacionales e internacionales y de las protestas realizadas en el recinto legislativo, mediante las que periodistas y organizaciones civiles exigieron no sólo espacios de diálogo, sino la derogación de las reformas penales por considerar que amplían el uso del derecho penal contra la libertad de expresión. 

Con información de Proceso.