
GUADALAJARA, Jal.- El desarrollo turístico “Nuevo Nayarit” que promueven los gobiernos federal y estatal de Morena se finca en un esquema de despojos, extorsiones y persecución penal sustentados en alegadas irregularidades, como fraudes procesales y el uso faccioso de instrumentos legales y financieros para apropiarse de terrenos que han desatado la codicia de los gobiernos de todo signo político.
Documentado por Proceso en su edición mensual XXXI de enero último, con la llegada del gobernador morenista Miguel Ángel Navarro Quintero este modo de operar tiene un antecedente que sigue vigente. La continua trama de despojo se presenta ahora como una recuperación de terrenos.
Apenas el viernes 24 de abril la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo en la conferencia presidencial que en la zona habrá una inversión de mil 200 millones de dólares, con la participación del sector privado, después de la recuperación de terrenos por parte del gobierno de Navarro Quintero.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la riviera nayarita habrá desarrollos turísticos de distinto nivel con la garantía de acceso público a la playa.
Detrás de esos anuncios existen antiguas denuncias de despojo. El empresario inmobiliario Eduardo Valencia Castellanos asegura que, pese a contar con resoluciones judiciales en su favor, no ha logrado recuperar los 530 departamentos del complejo Flamingos Acqua, ubicado en Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta, una de las zonas turísticas más exclusivas de la riviera nayarita. Asegura que el desarrollo le fue despojado mediante la falsificación de documentos durante el gobierno estatal anterior, que encabezó el panista Antonio Echevarría.
El complejo está valuado actualmente en unos 275 millones de dólares. Ahora, afirma en entrevista con Proceso, enfrenta nuevas acusaciones que buscan criminalizarlo y silenciarlo.
Valencia sostiene que el despojo de su patrimonio fue resultado de un entramado de extorsión, fabricación de delitos y corrupción judicial en el que –afirma– participaron funcionarios del gobierno de Nayarit, principalmente el entonces fiscal Edgar Veytia –detenido en EU y después libre tras testificar contra Genaro García Luna–, así como abogados y empresarios. De acuerdo con su versión, mediante amenazas, encarcelamiento injustificado, fraude procesal y la falsificación de su firma en pagarés y documentos judiciales, se apropiaron de parte de sus propiedades en un periodo de 90 días, lo que, dice, lo mantiene hasta ahora en una constante persecución legal.
En 2005 Eduardo Valencia inició la construcción del complejo residencial de lujo en un terreno de 43 mil metros cuadrados, que planeó desarrollar en cuatro etapas. Para 2007 había construido 340 departamentos en las torres 1 y 2. Posteriormente comenzó la edificación de la torre 3, pero no pudo concluirla porque, afirma, fue privado del inmueble. Explicó que, tras perder la propiedad del terreno, en el área destinada a la torre 3 se construyeron 160 departamentos y en la torre 4 se edificaron 50 locales comerciales.
Con información de Proceso.