Juez Federal ordena al IMSS garantizar en 24 horas medicamento a niña con epilepsia
Un Juzgado de Distrito en Chihuahua concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo promovido a favor de una niña de once años diagnosticada con epilepsia, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social dejara de suministrarle el medicamento anticonvulsivo prescrito para mantener controladas sus crisis.
El asunto quedó radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua y, de acuerdo con la documentación médica presentada en el juicio, la menor recibe tratamiento neurológico y cuenta con prescripción de Valproato de Magnesio de liberación prolongada, medicamento cuya continuidad fue indicada expresamente por el servicio médico y cuyo precio ronda aproximadamente los 900 pesos por caja, gasto que su madre tenía que afrontar ante la falta de suministro institucional.
La familia señaló que desde el 23 de julio el medicamento dejó de ser surtido en la farmacia del IMSS por falta de existencia, sin que se ofreciera una alternativa efectiva para mantener el tratamiento.
Ante el riesgo que representa la interrupción del tratamiento en una paciente pediátrica con epilepsia, se promovió juicio de amparo indirecto y se solicitó la intervención urgente de la Justicia Federal.
Como medida cautelar, el Juzgado ordenó al IMSS realizar las acciones necesarias para garantizar el suministro del medicamento dentro de un plazo de 24 horas, con el objetivo de restablecer la continuidad del tratamiento y evitar que la falta de inventario siga exponiendo a la menor a nuevas crisis convulsivas, caídas o afectaciones a su integridad.
El caso plantea nuevamente un problema recurrente en materia de seguridad social: el desabasto institucional no puede traducirse automáticamente en la interrupción de tratamientos médicos, especialmente cuando se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes.
El juicio continuará hasta que se determine en sentencia si las omisiones reclamadas vulneraron de manera definitiva los derechos constitucionales de la menor. Mientras tanto, la suspensión busca evitar que el tiempo del proceso judicial se convierta en un riesgo adicional para su salud.
El asunto también evidencia la función práctica del juicio de amparo en materia de salud: obligar a las instituciones públicas a adoptar medidas inmediatas cuando una deficiencia administrativa o de abastecimiento compromete derechos humanos.
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El diálogo se reanudará tras el periodo de festividades patrias y los informes de gobierno.
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