
Ninguna parte del texto, sin embargo, resulta tan reveladora como aquella donde se afirma que Jáuregui pretende “arrebatar a la gobernadora la prerrogativa de influir en la designación” del candidato a presidente municipal; aquí sí caben las preguntas: ¿la qué?, ¿la prerrogativa?, ¿desde cuándo?, ¿quién se la otorgó?, ¿en qué norma aparece? Una prerrogativa es una atribución, privilegio o facultad reconocida dentro de determinado orden jurídico o institucional; por supuesto que María Eugenia posee un enorme peso político en Acción Nacional, negarlo sería infantil; es la gobernadora, es la principal figura panista del Estado y necesariamente tiene preferencias, aliados, capacidad negociadora e influencia; pero influencia política y prerrogativa son dos cosas completamente distintas. No existe un solo artículo, ¡uno solo!, ¡un párrafo!, ¡una línea!, de la Constitución, de la ley o de los Estatutos que defienda esa estupidez; la candidatura a la Presidencia Municipal no integra el patrimonio de la gobernadora, no es herencia, dote, merced real ni pieza del mobiliario de Palacio que pueda entregar al favorito de sus afectos; puede opinar, promover, impulsar, negociar, persuadir y ejercer toda la influencia política que sea capaz de reunir, faltaba más, pero de ahí a reconocerle una “prerrogativa” media un abismo jurídico y democrático.
Porque si se acepta semejante teoría, entonces los órganos partidistas están de adorno, las reglas internas son escenografía, los militantes comparsas y la verdadera decisión corresponde a quien ocupa la gubernatura; en ese caso, ahorrémonos convocatorias, registros, comisiones, entrevistas y demás ceremonias: que María Eugenia mande la lista y nos evitamos la molestia. Y tampoco nos engañemos con el CEN; si alguien piensa que las decisiones de un CEN que se va a cagar en los panistas van a ser respetadas, está muy equivocado; una dirigencia arbitraria, atrabiliaria, abusona, parcial o interesada no merece respeto por la sola circunstancia de ocupar un membrete. Juan de Mariana, en su tratado De rege et regis institutione, sostuvo que, cuando un rey se convierte en tirano y destruye las leyes y libertades de la comunidad, puede llegar a ser legítima su eliminación; desde luego, nadie está proponiendo aquí importar literalmente al siglo XXI las soluciones del jesuita, pero sí recordar el principio que subyace a su razonamiento: la autoridad que se vuelve arbitraria erosiona por sí misma el deber de obediencia; en su justa medida, un CEN de mierda no merece ningún respeto.
Lo verdaderamente hilarante es que la misma columna se burla unas líneas antes del “dedazo demoscópico” de MORENA; según esto, el dedazo es una práctica abominable cuando el dedo viene pintado de guinda, pero cuando está pintado de azul se transforma milagrosamente en “prerrogativa”; formidable alquimia política: donde MORENA impone hay autoritarismo, pero donde el PAN impone existe una exquisita atribución institucional. Diría Juárez, convenientemente actualizado por Lord Moléculo: “El respeto al dedo ajeno es guinda, el respeto al dedo propio es azul”; y ahí está, en realidad, el fondo de la cuestión; para cierta gente el problema nunca ha sido el dedazo, sino la identidad del dueño del dedo.
Hay además otra cosa que llama la atención y que explica buena parte del tono de la pretendida columna; según esa curiosa concepción de la vida pública, Jáuregui debería mostrar “lealtad y agradecimiento” porque el PAN y la gobernadora “tanto le dieron”; ¿le dieron qué?, ¿los cargos públicos eran propiedad de María Eugenia?, ¿los pagó de su bolsa?, ¿las instituciones forman parte de una hacienda personal cuyos beneficiarios adquieren una deuda eterna de obediencia? Esa manera de entender el poder es vieja, cortesana y profundamente patrimonialista; confunde colaboración con vasallaje, disciplina con sumisión, gratitud con obediencia y termina convirtiendo los cargos públicos en mercedes reales que deben agradecerse de rodillas.
No; en una república los cargos no son dádivas, las posiciones públicas no generan servidumbre personal y un político puede discrepar, competir e incluso romper con quien alguna vez lo nombró sin incurrir por ello en pecado de lesa majestad; podrá equivocarse, podrá perder, podrá terminar políticamente hecho pedazos, pero pretender competir no equivale a traicionar y, si las candidaturas estuvieran reservadas de antemano a quien reciba el visto bueno del gobernante, entonces la democracia interna sería una farsa y la militancia simple utilería.
Termino; hay algo casi enternecedor en un texto que se muestra tan seguro de conocer las conversaciones privadas del CEN, las intenciones secretas de Jáuregui, sus supuestas reuniones furtivas, sus fuentes de financiamiento y hasta el estado de confusión de su mente y que, sin embargo, tropieza reiteradamente con asuntos bastante más accesibles: “recibie», “los arrogante”, “jóven”, “cuhcara”, “comprimosos”, “equió”, “tración”, “Juparez”; todo ello está ahí y no es la primera vez. Las erratas, naturalmente, las comete cualquiera —yo también— y algunas poseen una extraordinaria habilidad para sobrevivir a varias lecturas; otra cosa es convertir el idioma en puntual desastre y, sobre todo, hacerlo mientras se pretende diagnosticar el estado mental ajeno. Quizá convenga, por elemental prudencia, revisar primero el propio texto; no vaya a ser que entre el “tajante veto” que nadie conoce, los “antecedentes penales” que nadie identifica, las reuniones “furtivas” que nadie prueba, las fuentes de financiamiento que nadie señala y la “prerrogativa” que no aparece en norma alguna, termine por ocurrir lo más sencillo de todo: que Lord Moléculo no tenga información privilegiada, sino apenas una colección de rumores y una extraordinaria, e injustificada, confianza en sí mismo.
En los hechos, cuando en un texto se pretende diagnosticar el estado mental ajeno, quizá convenga, por elemental prudencia, pasar primero a diagnosticar el propio empezando por su capacidad para escribir correctamente (se supone que a eso se dedica), no sea que de “pinche loco” pase a ser un “vulgar pendejo”.
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