
SAN FRANCISCO CAMPECHE, CAMP., (apro) .- En medio de acusaciones por presunto uso indebido de infraestructura pública, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, desmintió la realización de una fiesta privada para su madre, Yamile Vázquez Quevedo, dentro de un auditorio de la Casa de Justicia.
El funcionario aseguró que únicamente interrumpió durante diez minutos un evento institucional de lotería tradicional para felicitarla y llevarle un pastel.
El hecho trascendió tras la difusión de imágenes en redes sociales —por medio de un video que el mismo ministro publicó— en las que se observan arreglos, un pastel y hasta un grupo musical dentro de las instalaciones del Poder Judicial.
Ante las críticas por un probable conflicto de interés y falta de austeridad, Alcudia Vázquez emitió un pronunciamiento para defender su uso del recinto:
“Mi madre es la presidenta del Patronato del Poder Judicial, una labor altruista y no remunerada. Con motivo de su cumpleaños, decidí interrumpir ese evento 10 minutos para llevarle un pastel y cantarle Las Mañanitas. No existen recursos públicos en el evento, no es una fiesta para mi madre”, aseguró.
Respecto a la actividad realizada en la Casa de Justicia, el presidente del Tribunal sostuvo que los talleres y la lotería organizados por el Patronato continuaron abiertos al público en general.
La polémica por el evento familiar se suma a una serie de cuestionamientos contra Alcudia Vázquez desde su llegada al cargo.
El magistrado, quien previamente se desempeñó como consejero jurídico de la gobernadora Layda Sansores San Román, ha sido señalado por organizaciones como Ley Sabina Campeche y el Frente Nacional por las 40 Horas de Campeche como una imposición política aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso local.
Asimismo, el titular del Poder Judicial enfrenta antecedentes por presunta violencia política en razón de género, derivado de una denuncia presentada por la diputada priista Delma Rabelo Cuevas tras alusiones personales emitidas durante comparecencias oficiales. Colectivas feministas de la entidad han acusado un esquema de proteccionismo institucional hacia el funcionario, luego de que las manifestaciones en su contra fueran desestimadas por el propio Ejecutivo estatal.
Con información de: Proceso.