Supervisa Estado condiciones laborales de personas jornaleras agrícolas
La Inspectoría del Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les brinda acompañamiento y representación de forma gratuita y profesional; el objetivo es reconocer la dignidad de las personas
Estrictamente prohibido contratar o recibir, bajo cualquier figura, los servicios de menores de edad en el trabajo agrícola, ya que la ley lo tipifica como delito: Herrera Laso
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció las medidas que se han establecido durante la actual administración estatal para vigilar que se dé el cumplimiento de los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas en el Estado.
A fin de atender y dar seguimiento a la denuncia anónima de personas que laboraban bajo condiciones fuera de ley en el municipio de Delicias, Ana Luisa Herrera Laso, titular de la STPS, informó que el pasado sábado se llevó a cabo una inspección extraordinaria al rancho agrícola en cuestión, a través de la Inspectoría del Trabajo, en conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Indicó que durante el proceso de verificación de las condiciones de trabajo, se detectó el incumplimiento de las disposiciones legales establecidas en las normas de la materia, por lo que el caso se encuentra en procedimiento de revisión y dando vista a las autoridades competentes según la problemática detectada.
La funcionaria estatal destacó que a la fecha se han realizado 66 inspecciones a ranchos agrícolas durante este 2019, mediante las cuales, enfatizó, se busca garantizar que las y los jornaleros agrícolas, gocen de sus derechos laborales y se desempeñen en un ambiente digno y de respeto.
Durante estas inspecciones se revisan las condiciones generales de trabajo, así como las obligaciones especiales de las y los patrones del campo, según lo indica la Ley Federal del Trabajo, como el pago justo y suficiente y la seguridad social; así como que se brinden a la persona trabajadora y su familia habitaciones adecuadas, con agua potable, asistencia médica o traslados al lugar más cercano en el que existan servicios médicos, transporte cómodo y seguro, además del cuidado y educación de niñas, niños y adolescentes, entre otras.
Asimismo, Herrera Laso puntualizó que está estrictamente prohibido contratar o recibir, bajo cualquier figura, los servicios de menores de edad en el trabajo agrícola y puntualizó, ya que la ley lo tipifica como delito.
Manifestó que, desde el inicio de esta administración estatal, se ha trabajado bajo una estrategia interinstitucional de atención a este sector social prioritario, mediante el Programa de Atención a Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes (Projam), en el cual la STPS coordina a 24 dependencias gubernamentales estatales, para atender de forma integral y visibilizar a las y los jornaleros ante el sector productivo, sociedad y gobierno.
Añadió que el Projam, y cualquier programa de la actual administración, tienen como objetivo reconocer la dignidad de las personas y darles el trato que como tal les corresponde. “Nuestro objetivo es crear una cultura de cumplimiento de la ley, porque cumpliendo la ley a todas y todos nos va mucho mejor. El progreso real y duradero solo se logra cuando se le respetan a cada persona todos sus derechos”, dijo.
Finalmente, la secretaria invitó a empleadoras y empleadores a acercarse a la Inspectoría del Trabajo, en donde se les brindará la información y capacitación necesaria, en caso de tener alguna duda sobre sus obligaciones patronales, la forma de cumplirlas o cualquier situación relativa al empleo de personas en las labores del campo; asimismo, las personas jornaleras agrícolas pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para recibir acompañamiento y representación de forma gratuita y profesional, ante cualquier abuso o violación a los derechos laborales.
Opiniones
Tips al momento
Denuncia IP simulación federal
Como una simulación calificó el presidente del CCE, Francisco Santini Ramos, las reuniones que tuvo el sector empresarial con los diputados federales para expresar los riesgos que observaban en la reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada y que finamente fue aprobada ayer sin ninguna modificación.
Incluso, dijo el dirigente empresarial, la semana pasada el CCE asistió al Parlamento Abierto con los diputados que supuestamente escucharían al sector, lo que resultó sólo en la pérdida de tiempo para los empresarios y un evento mediático para los legisladores.
Por cierto, que los dirigentes de los consejos coordinadores del país, exigen más fuerza en sus peticiones al presidente nacional del CCE, Carlos Salazar, que exprese en realidad el sentir de los empresarios que no lo ha hecho desde que asumió su cargo el pasado febrero.
No entiende que no entiende
De gandalla y falaz califican al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla quién tras registrarse como candidato en la convocatoria por 2 años a la gubernatura de Estado, ahora pretende perpetuarse a través de una ley inconstitucional y a modo por 3 años más en dicho cargo.
No obstante y según Bonilla Valdéz, el INE es el gran provocador... al acusar al Instituto Nacional electoral de engañar a los ciudadanos, y es que Jaime Bonilla ha reiterado en más de una ocasión que cuando se registró para la candidatura lo hizo para un período de 5 años sin embargo la convocatoria publicada y dada a conocer en últimas fechas por diversos medios e incluso a través de los mismos consejeros del Instiuto, está más que claro que el período para el cual se inscribieron todos los aspirantes era de 2 años.
La convocatoria emitida para las elecciones ordinarias 2018-2019 refiere que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la ley electoral del estado de Baja California en relación con los artículos 6o., 7o. y 8o transitorios del decreto 112 del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, los cargos a elegir son los siguientes:
A) Gubernatura del estado de baja California para el período constitucional del primero de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
B) Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco municipios en el Estado de Baja California, para el periodo constitucional del primero de octubre de 2019 al treinta de septiembre de 2021.
C) Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el periodo constitucional del primer de agosto de 2019 al treinta y uno de julio de 2021.
El único gandalla que no entiende que el periodo legal por el cuál fue votado por dos años es Jaime Bonilla Valdéz
Justicia, solo si se la piden a AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles 16 de octubre tener conocimiento del financiamiento ilícito a la campaña de Enrique Peña nieto de 2012 e incluso refirió tener la denuncia al respecto sobre este tema, el mandatario fue cuestionado directamente si su administración investigaría este hecho lo cual López Obrador rechazó y sostuvo que ello sería cómo "descubrir el agua tibia" y que solo actuará en este caso "si se lo piden" lo cual deja de manifiesto que para la administración lopezobradorista la justicia no se hace de oficio, sino de contentillo.
Coincidencias
Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".
López Obrador, por otro lado acaba de obtener la aprobación para la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y ya algunos panistas como Juan Carlos Romero Hicks dicen que es un absurdo la generación de una nueva dependencia gubernamental, pero con lo aprobado en Chihuahua en idéntico sentido, hay quienes le dicen que más valdría que el legislador blanquiazul se guarde sus comentarios ¿Usted qué opina?
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