Luisiana, calabozo migratorio de Trump

AP

Louisianna, Estados Unidos (10 octubre 2019).- En medio de un denso bosque en la Luisiana rural hay una prisión rodeada de alambre de espino que se ha convertido con rapidez en un importante centro de detención para migrantes capturados en la frontera.

El Centro Correccional de Winn es una de las ocho cárceles en Luisiana que han empezado a retener a solicitantes de asilo y otros migrantes en el último año, convirtiendo al estado en un inesperado epicentro de la detención de migrantes durante el Gobierno del Presidente Donald Trump.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dice que ahora retiene a unos 8 mil migrantes en Luisiana de los 51 mil que hay detenidos en todo el país.

Estas nuevas instalaciones, una combinación de viejas prisiones estatales y cárceles locales, están a varias horas de carretera desde Nueva Orleans y otras grandes ciudades, lejos de donde tienen sus sedes la mayoría de los grupos de derechos de los migrantes y abogados de inmigración.

Los internos se quejan del trato recibido y de largos encarcelamientos.

"Yo sabía que nos iban a detener, pero no pensé que iba a ser tan largo el proceso", comentó Howard Antonio Benavides Jr., un joven venezolano de 18 años que lleva tres meses en Winn.

El repunte ha sido bien recibido tanto por las poblaciones rurales, que hace tiempo dependen de los empleos en cárceles, como por la compañía carcelaria privada que recibe dinero del Gobierno federal por retener a los migrantes.

El fenómeno ha coincidido con una reforma penal en Luisiana que ha reducido la población carcelaria, lo que amenazaba la economía de pequeñas poblaciones con centros de detención.

El ICE ha intervenido para llenar ese hueco.

En Winn, que empezó a recibir migrantes en mayo, los salarios de los empleados han pasado de 10 dólares la hora a 18.50.

Las autoridades locales han firmado un nuevo contrato de cinco años que garantiza millones de dólares en pagos al Gobierno local y al Estado.

El Servicio de Control de Inmigración rechazó varias peticiones de comentarios sobre por qué se había centrado en Luisiana.

En un comunicado, dijo que identifica "contratos que puedan modificarse para ajustarse a las crecientes necesidades de la agencia".

El ICE y la empresa privada que gestiona el centro, LaSalle Corrections, permitieron a The Associated Press visitar Winn durante tres horas en septiembre y tomar fotografías y videos, con la condición de que no se mostraran los rostros de los migrantes.

La visita estuvo muy controlada. No se permitió que AP hablara con ningún migrante salvo Benavides, quien accedió a una entrevista a través de su abogado.

En Winn, hay casi mil 500 migrantes detenidos, que duermen en camas individuales en largos y estrechos módulos con puertas de rejas.

El centro, que antes era una prisión de seguridad intermedia, tiene un comedor, campos de futbol al aire libre, un gimnasio y una capilla con capacidad de 200 personas construida por antiguos presos.

La mayoría de los detenidos parecía hablar español. Otros hablaban hindi y llevaban turbantes naranjas en la cabeza.

A los presos se les obliga a caminar de un recinto a otro con las manos en la espalda, como si estuvieran esposados.

La mayoría de los empleados no habla español ni hindi y se comunica con los migrantes con gestos o unas pocas palabras en inglés que una persona pueda traducir a los demás.

Los responsables de Winn dicen que los migrantes se comportan mejor y son más fáciles de vigilar que los reos de una prisión normal.

"Hay muy pocos problemas", dijo Keith Deville, alcaide del centro.

"Cuando tienes delincuentes condenados, se comportan de forma muy diferente".

La detención de migrantes se torna cada vez más polémica durante el Gobierno de Trump.

La cifra de 51 mil migrantes que retiene el ICE en todo el país está un poco por debajo del récord que marcó la agencia este año, y varios miles por encima de lo que autorizó el Congreso.

El número se ha mantenido sobre las 50 mil personas pese a que los cruces de frontera se han reducido en los últimos meses y el Gobierno de Trump ha emprendido una agresiva estrategia de devolver a México a quienes llegan, y de rechazar solicitudes de asilo.

Los activistas acusan al Gobierno de detener a solicitantes de asilo legítimos, y dicen que las cárceles de Luisiana son un ejemplo claro del problema.

Un juez federal determinó hace poco que el ICE viola la ley al negarse a liberar a solicitantes de asilo detenidos en Luisiana, y los abogados señalan que muy pocas personas son liberadas de Winn o de otros centros del estado.

El ICE ha aumentado su presencia en Luisiana, mientras otros estados rechazan a la agencia.

California e Illinois prohibieron directamente las cárceles privadas para migrantes, e incluso en la conservadora Texas, el Gobierno republicano del condado de Williamson votó a favor de eliminar las detenciones del ICE en una cárcel de 500 plazas.

En el municipio de Winn y otras comunidades rurales de Luisiana no hay esa resistencia.

LaSalle Corrections, que ya gestionaba la prisión, firmó en mayo un contrato de cinco años para alojar a detenidos del ICE. También hizo una aportación de 2 mil dólares a la campaña electoral del jefe de Policía en marzo.

La compañía privada, con sede en Ruston Luisiana, gestiona seis de las ocho cárceles reconvertidas abiertas desde el año pasado.

Sus centros están repartidos por Luisiana, conectados por carreteras rurales que recorren bosques y campos de cultivo. Para activistas como Homero López, director ejecutivo de Servicios de Inmigración y Defensa Legal, con sede en Nueva Orleans, el aislamiento es un grave problema para los migrantes.

"Simplemente el hecho de detener a la gente en lugares tan rurales y aislados no solo lo hace difícil para que la persona pueda pelear su caso, sino que además hace casi imposible que consigan abogados que los representen", apuntó López.

Por: Redacción

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Luego dicen que el Nuevo Amanecer y la Cuarta Transformación no se parecen en nada, pero bien que enarbolan la bandera anticorrupción bien en alto. Javier Corral llegó a la gubernatura con la casi única promesa de acabar con el saqueo de recursos, sancionarlo y recuperar lo que corresponde al pueblo chihuahuense y hace unos días, presentó en una noche lluviosa el Fondo para la Reparación del Daño "Justicia para Chihuahua".

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