Quién es Rolando Álvarez, el obispo secuestrado por el régimen de Daniel Ortega

Monseñor Rolando Álvarez encontró una fila de policías antimotines amenazantes, con escudos, cascos y cachiporras en mano, bloqueando el portón de su casa cuando intentó salir, la tarde del jueves 4 de agosto, para oficiar la misa de las cuatro en la Catedral.

“Las autoridades superiores no han dado permiso”, dijo en un video improvisado para explicar a los feligreses de Matagalpa su ausencia en la misa a la que el mismo había convocado por la mañana. “Nos encontramos aquí seis sacerdotes y seis laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la Policía, nunca la hemos irrespetado”.

El religioso se cruzó de brazos frente a los antimotines y cantó: “Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo…”

Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y una de las voces más críticas de la jerarquía católica de Nicaragua. Sus sermones frecuentemente fustigan la violación a los derechos humanos, la persecución religiosa y los abusos de poder.

Tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo acusan a la iglesia Católica de Nicaragua de apoyar la rebelión ciudadana que comenzó en abril de 2018, la que califican de “intento de golpe de Estado”, y mantienen un asedio constante contra algunos sacerdotes y obispos. Álvarez es uno de los rostros más visibles. Y perseguidos.

El lunes 1 de agosto, el régimen de Ortega ordenó el cierre de siete emisoras católicas de la diócesis de Matagalpa, y fuerzas de la Policía asaltaron la capilla Niño Jesús de Praga, de la ciudad de Sébaco, con la intención de incautar el equipo de la radio católica que ahí funcionaba.

El párroco de Sébaco, sacerdote Uriel Vallejos, se vio obligado a refugiarse en la casa cural, donde permaneció sitiado hasta la noche del miércoles. Otro contingente de policías cercó la vivienda de monseñor Álvarez en Matagalpa.

Según un recuento de la investigadora nicaragüense, la abogada Martha Patricia Molina, la iglesia Católica de Nicaragua ha sufrido, hasta esta semana, más de 250 agresiones de parte del régimen de Daniel Ortega y sus simpatizantes, entre las que cuentan golpizas a sacerdotes, profanaciones a templos, ataques armados, quemas y asedio, entre otras.

En mayo de este año, Álvarez denunció en un video la “persecución” que sufría de parte del régimen sandinista y anunció un ayuno indefinido “a agua y suero” hasta que cesara el acoso.

“Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista” afirmó el obispo de Matagalpa en el video y relató que al preguntarles a los agentes el motivo de la persecución “me han informado que ellos obedecen órdenes” y que lo hacían por su seguridad. “Los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías”, les habría dicho Álvarez, según su testimonio.

El 4 de agosto, a la siete de la mañana, monseñor Álvarez, puso de nuevo en jaque a los policías que lo asedian. Cargando la imagen del Jesús sacramentado, y vestido con los ornamentos sagrados de su culto, salió a la calle a rezar y encarar a sus perseguidores. En el video, grabado por algunos de sus ayudantes, se ve cómo coloca la imagen religiosa frente a varios agentes y jefes policiales, que retroceden incómodos. “Esta es una batalla entre el bien y el mal”, proclamó.

Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, 55 años, nació en Managua en un hogar cristiano, donde el padre era obrero y la madre vendía atol. Desde niño mostró vocación por el sacerdocio y sus hermanos lo recuerdan agrupando a la familia en casa para celebrar misa como “el padre Miguel”, según un relato de la hermana mayor, Vilma Álvarez, a la revista Magazine, del diario La Prensa.

Durante los años 80, se negó a prestar el servicio militar obligatorio que exigía la revolución sandinista a los jóvenes. “Como dos o tres veces se lo llevaron preso. Y las veces que se lo llevaban llegaban a catear la casa. Nos dejaban todo alborotado. Era mucho dolor y sufrimiento ver lo que hacían... Él nunca se involucró en la política, solo en la religión”, relata su hermana.

Para ponerse a salvo huyó a Guatemala, donde vivió como refugiado. “Creo que nosotros pertenecimos a una generación de jóvenes que nos tocó conquistar a precio de persecución y dolor nuestra libertad”, relató a la revista de La Prensa. En Guatemala toma la decisión de ingresar al seminario católico.

A los 20 años, con una novia que pensaba podría ser su esposa, enfrentó el dilema de su vida dilema. Un año le llevó resolver “si Dios lo estaba llamando a la Iglesia para casarse o para casar a los demás”. En diciembre de 1994 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Managua. Tenía 28 años. “Era un sueño, una ilusión a la que finalmente el Señor me había llevado”, dice. El 2 de abril de 2011 asumió la jefatura de la Diócesis de Matagalpa.

A monseñor Álvarez se le ha visto visitando comunidades remotas a lomo de caballo, cocinando, lampaceando pisos o bailando en alguna actividad religiosa.

En mayo de 2018, Álvarez integró el equipo del Conferencia Episcopal que sirvió de testigo y mediador en el primer Diálogo Nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. En ese momento, Nicaragua vivía días de una rebelión cívica que prácticamente habían paralizado el país con más de cien barricadas (tranques) en calles y carreteras y constantes marchas multitudinarias de protestas que llegaron a exigir la renuncia de Ortega.

“El diálogo nacional tiene un solo fin: el cambio. El cambio es inevitable, no hay otro camino, no hay otra finalidad. El cambio viene y con él la democratización de la República de Nicaragua”, precisó el obispo poco antes de que las partes se sentaran en la mesa de negociación.

Ortega utilizó el diálogo para coger un segundo aire, y organizar una sangrienta represión con armas de guerras y efectivos militares y paramilitares para desmontar las protestas. 355 muertos calcula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se produjeron en esas jornadas violentas.

En marzo del siguiente año se realizó el segundo diálogo nacional, pero esta vez el régimen de Ortega vetó la posición de testigo y mediador del obispo Álvarez. La iglesia Católica estuvo representada en esa ocasión solo por el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y el Nuncio Apostólico Stanislaw Sommertag.

“Cómo se atreve este mal llamado sacerdote (monseñor Álvarez) a explicar lo que debe ser un diálogo entre nicaragüenses si él, violentando los consejos del propio Jesús El Cristo de amaos los unos a los otros, más bien envió a las hordas antidiálogo a masacrar al pueblo en las rotondas con sus temibles barricadas y sus temibles turbas enmascaradas”, descalificó en septiembre de 2018, el oficialista periódico 19 Digital.

El segundo diálogo también fracasó y el régimen mantiene desde entonces la campaña de acoso y persecución contra los obispos y sacerdotes que considera que apoyaron la rebelión ciudadana de 2018.

La Curia Episcopal de Matagalpa, donde vive monseñor Álvarez, permanece sitiada por un inusual número de patrullas y agentes policiales que portan armas de guerra. Tanto algunos diputados oficialistas como Rosario Murillo insinuaron que el obispo podría ser apresado bajo cargos de “incitación a la violencia”.

Eso finalmente se concretó este viernes. La irrupción de las fuerzas sucedió a las 3:00, hora local; y cientos de personas se acercaron al lugar para intentar resguardar la seguridad del Monseñor y otros religiosos cuando escucharon sonar las campanas de la iglesia. Álvarez se encontraba en el lugar junto a ocho colaboradores desde hacía 16 días.

El medio local 100% Noticias informó que antimotines rompieron los portones de la curia para llevarse preso al obispo y a sus acompañantes. “¡Urgente! En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”, denunció la diócesis en Facebook a las 3:20 de la madrugada.

El citado portal indicó que en la zona hay un gran temor e incertidumbre por lo que le pueda ocurrir al obispo, los sacerdotes, seminaristas y laicos que estaban al interior de la curia.

Con información de Infobae

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

Notas recientes