Ejército alteró y mutiló archivos sobre la Guerra Sucia, denuncian ante Encinas investigadores de la Comisión de la Verdad
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que investiga las violaciones a derechos humanos en la época de la Guerra Sucia (1965 a 1990), acusó este miércoles que el Ejército ha incurrido en diversas prácticas para ocultar información sobre los crímenes.
“En las últimas semanas estos obstáculos se han multiplicado, han derivado en que el personal militar haya incurrido en prácticas de ocultamiento de información por medio de alteración, mutilación e inutilización parcial o total de expedientes”, señaló David de Jesús Fernández Dávalos, integrante del Mecanismo.
Este mecanismo es parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos humanos de 1965 a 1990, creada en octubre de 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el año pasado prometió abrir los archivos del Ejército y la Marina.
Sin embargo, Fernández Davalos acusó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está desobedeciendo la orden presidencial de dar acceso a los archivos sobre la Guerra Sucia.
“Ante este panora, el Mecanismo ha decidido retirar formalmente a su equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre, mientras no se modifiquen las condiciones anteriormente señaladas”, anunció durante la presentación del informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad.
Señaló que las dificultades impuestas por el Ejército transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y la memoria, así como las leyes de archivos, transparencia y de víctimas.
“Nuestro mecanismo considera que con este ocultamiento de la información la Sedena contribuye a perpetuar o hacer continuar este ciclo de impunidad, opacidad e injusticia respecto a las graves violaciones a derechos humanos del periodo que nos ocupa”, dijo.
Los integrantes del Mecanismo aglutinaron en el informe “Las formas del silencio” las obstrucciones a las que se han enfrentado. Dicho documento se complementa con el anexo “La obstrucción de la verdad”, el cual contiene una cronología de las incidencias documentadas durante el proceso de investigación en los archivos militares.
Los documentos fueron entregados a Alejandro Encinas, presidente de las Comisión para la Verdad, quien se comprometió a superar las trabas en el acceso a los archivos en poder de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las Fuerzas Armadas acumulan acusaciones de obstruir información sobre violaciones a derechos humanos, como ha denunciado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Con información de Latinus
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En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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