Con Gallardo continúa el saqueo a los fondos de pensiones de burócratas potosinos
SAN LUIS POTOSÍ, SLP (Proceso).– Lavado de dinero para el narcotráfico, desvíos, fraudes y adeudos por parte de gobernadores, han sido durante los últimos años destinos del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, una maraña que llega hasta la actual gestión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en el poder por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El lunes 29, el fiscal general potosino José Luis Ruiz Contreras anunció la detención de siete personas por ejercicio indebido de la función pública y peculado en agravio del erario estatal, por un monto de entre 200 y 700 millones de pesos.
Los nombres de algunas personas detenidas confirmarían nexos y operaciones que por lo menos desde 2014 fueron reveladas en Proceso, como la punta del hilo del desvío de recursos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Estado, así como de su uso para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y de Joaquín el “Chapo” Guzmán, a través de empresas fachada.
Al saqueo del fondo por parte de exfuncionarios y funcionarios en presunta colusión con empresarios e integrantes de grupos delictivos, se suma el abuso en el uso del mismo en inversiones de alto riesgo que afectaron el patrimonio de los trabajadores, así como la falta de cumplimiento de pagos por parte de administraciones anteriores y de la actual de Ricardo Gallardo. El gobernador ha retenido las aportaciones, pero éstas no han sido integradas y el adeudo del estado crece.
El fondo, manejado por la Dirección de Pensiones del estado, incluye recursos destinados a burócratas de las distintas dependencias, pero también de maestros y de profesores de telesecundaria.
Datos publicados por el portal Astrolabio Digital refieren que el anterior gobernador, el priista Juan Manuel Carreras López, dejó una deuda de casi mil 200 millones de pesos.
Mientras que en un desplegado publicado en enero, el sindicato mayoritario de trabajadores del estado, el SUTSGE, dio a conocer que hasta el día 4 de ese mes, Ricardo Gallardo Cardona había dejado de pagar casi dos mil 515 millones de pesos al fondo de pensiones.
El gremio exigía a Gallardo y a la junta directiva del fondo rendir cuentas sobre el adeudo y cubrir los pagos pendientes por jubilaciones y estímulos por años de servicio a unos 300 trabajadores que fueron obligados a jubilarse en la actual administración, según el sindicato.
Por ello, la aprehensión de funcionarios, exfuncionarios y otras personas presuntamente involucradas en peculado anunciada por el fiscal ha sido interpretada por líderes sindicales como “una cortina de humo” y una manera del gobernador Gallardo Cardona de evadir su responsabilidad por el adeudo.
“El gobernador está usando el fondo como caja chica de su gobierno”, dice a Proceso la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz.
Larga historia de un saqueo
En rueda de prensa, el lunes 29 el fiscal Ruiz Contreras explicó que, según la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en noviembre del año pasado, se detectó un contubernio entre personal de la Dirección de Pensiones del estado, exfuncionarios, algunos particulares y una institución bancaria, quienes mediante documentos falsos trasladaron recursos a cuentas distintas a las del Fondo de Pensiones entre 2020 y 2023.
Esto significa que el desfalco se realizó a finales del sexenio de Juan Manuel Carreras y parte del actual, de Gallardo Cardona.
“Tenemos la trazabilidad donde Pensiones trasladó recurso de manera irregular a cuentas personales para incrementar el patrimonio de personas particulares”, dijo el fiscal.
El dinero desviado corresponde a retenciones de los trabajadores por concepto de préstamos hipotecarios. La Dirección de Pensiones debió depositar estos recursos a instituciones bancarias; sin embargo, eran abonados a particulares ajenos, mediante la apertura de hasta 60 cuentas donde se dispersó el dinero, a pesar de que la dirección sólo tenía permitido abrir como máximo cuatro cuentas para depositar los fondos.
Entre los siete detenidos (cuatro hombres y tres mujeres) están un exfuncionario y una trabajadora en activo de la Dirección de Pensiones, ella identificada como administradora de una Trapeza (empresa beneficiada con los recursos desviados), quien fue detenida junto con su esposo. Además, fueron aprehendidos otro particular; el gerente de Bansi, institución bancaria donde se abrieron las cuentas para desviar los recursos, así como un hermano de Oziel Yudiche Lara, exdirector de Pensiones del estado.
En febrero de 2014 los periodistas Anabel Hernández y Philippe Engels revelaron que investigaciones realizadas del gobierno de Estados Unidos apuntaron a Oziel Yudiche, quien en 2011 fungía como director de Pensiones (durante el gobierno del priista Fernando Toranzo), creó una empresa fachada en Miami operada por dos lavadores del Cártel de Sinaloa: Daniel Fernández Rojo Filho y Pedro Benevides.
“Ya en 2010 Yudiche Lara había puesto los fondos de pensiones de la entidad a disposición de la red de lavado del cártel. Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos señala a Fernandes Rojo Filho y Benevides como operadores financieros del Cártel de Sinaloa. Ambos son investigados desde 2008 por la agencia antidrogas DEA y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero”, dice el reportaje publicado en 2014 (Proceso 1943).
Y agrega: “Mediante una red de más de 25 compañías fachada creadas en Florida y Panamá, así como cuentas en 12 bancos en Estados Unidos, los dos ‘empresarios’ vinculados a la organización criminal de ‘El Chapo’ Guzmán realizaron una estafa mundial para ocultar dinero proveniente del narcotráfico”.
Ese mismo año Proceso publicó que la Contraloría potosina sancionó a Luis Gonzaga Sánchez, exdirector de Pensiones, y a Carlos Augusto Ramírez, exsubdirector de préstamos (en el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga), ambos acusados de realizar una inversión de alto riesgo con recursos del Fondo de Contingencia que causaron pérdidas por un millón de dólares al patrimonio de los trabajadores.
Ambos recibieron una multa de 54 millones de pesos y la inhabilitación para ocupar cargos por 20 años. Irónicamente, la denuncia contra ellos fue presentada por Oziel Yudiche.
Con las recientes detenciones anunciadas por la fiscalía estatal, surgieron nuevos hilos: la empresa Trapeza Market Argentarii, señalada como presunta involucrada o beneficiaria de las transferencias del Fondo de Pensiones, tuvo como socios a Manuel Yudiche (hermano de Oziel) así como a Gerardo Sánchez Sumaya, empresario petrolero originario de la Huasteca.
Los reporteros Abelardo Medellín y Carlos Rubio publicaron este martes en Astrolabio que Sánchez Amaya fue socio de la empresa referida de marzo a junio del año pasado, junto con el hermano de Oziel Yudiche.
El mismo lunes que se anunciaron las detenciones por el peculado, Sánchez Sumaya difundió en sus redes sociales una fotografía donde aparece junto a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana federal, quien lo atendió “por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador”, según la publicación.
Gallardo, el responsable: sindicatos
Francisca Reséndiz, secretaria general del SITTGE, dice en entrevista telefónica que esta investigación y la detención de las siete personas “es una cortina de humo”, ya que el gobernador Ricardo Gallardo pretende “limpiar su culpa y evadir su responsabilidad” por el incremento del adeudo con el Fondo de Pensiones durante su administración.
“Cuando se fue Toranzo, dejó adeudo de 495 millones; llegó Carreras y se fue con más adeudo, pero según el sindicato mayoritario, al 4 de enero este gobierno (de Gallardo) debe dos mil 500 millones”, enfatiza Reséndiz, quien señala que el actual gobierno la ha perseguido por reclamar el incumplimiento de los compromisos laborales.
“Esto que él hace –agrega la sindicalista– de meter a siete personas a la cárcel no limpia su culpa; él quiere evadir una responsabilidad que él ha originado, porque si estas personas hicieron mal uso de los recursos y los traspasaron a una empresa, es lo mismo que hace el gobernador con nosotros: nos descuentan, pero ese dinero no llega a pensiones”.
–¿Y saben dónde está el dinero que el gobierno está reteniendo?
–Suponemos que lo están usando como caja chica del gobierno. Agarran el dinero y no lo regresan. Cada quincena nos quita 7% de nuestro sueldo y el otro 7% lo debe poner el gobierno; pero no entrega ni lo que nos descuentan ni lo que le corresponde entregar.
Reséndiz recuerda que en la administración estatal hay cinco sindicatos, pero sólo el mayoritario cuenta con representantes ante la Dirección de Pensiones, “y este sindicato está publicando el adeudo del gobernador, no lo estamos inventando”, insiste, en alusión al desplegado dado a conocer el 27 de enero por el SUTSGE.
En dicho desplegado también se le reclama a Gallardo Cardona que ha dejado sin servicio médico a los trabajadores y sus familias.
Reséndiz explica que, a consecuencia del saqueo a esos fondos, los trabajadores y pensionados “están cobrando con diferencia de hasta 10 o 15 días; ahora los tienen seccionados, este mes cobran unos, al siguiente cobran otros. No les están pagando en forma regular, y sobre todo los premios a que tiene derecho el pensionado, de eso nada”.
Los premios son estímulos por años de servicio, mismos que, como la liquidación por jubilación, se sigue debiendo a los burócratas orillados a jubilarse en el actual sexenio, de los cuales –dice la secretaria general del SITTGE– unos 300 pertenecen al sindicato mayoritario.
Añade que “el gobernador se fue de manos largas y ahora no halla a quien echarle la culpa. Ha sido un gobierno omiso porque está acostumbrado a descontarles y no pagar eso que no es de él. Se está jineteando el dinero y hasta que hacemos plantones o marchas lo entrega, pero se enoja y nos manda órdenes de aprehensión porque nos manifestamos”.
En tanto, Gallardo Cardona ya se refiere al caso de desvíos como “el fraude del siglo”. Anunció que habrá más personas detenidas y “van a brincar muchos intereses”, mientras que funcionarios de su gobierno se reunieron con representantes del SUTSGE para ofrecerle diálogo y acuerdos para resolver la falta de servicios médicos y los adeudos reclamados.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Se integra Bafar a la Bolsa Institucional de Valores Biva
A nivel nacional se dio a conocer que la empresa chihuahuense Bafar, se integra a la Bolsa Institucional de Valores Biva, con presencia en los mercados financieros, como tal, desde el 2015 y que, se considera entre las más avanzadas tecnológicamente, en el mundo.
Es así, se informó, que a partir de hoy el corporativo perteneciente al ex alcalde de Chihuahua, Eugenio Baeza Fares, se integra a esa bolsa institucional de valores.
Recientemente, se dio a conocer que grupo Bafar, también inició operaciones en El Paso, Texas, en Estados Unidos, y también ha expandido su actividad económica a la creación de parques industriales, como el ubicado frente a su planta, en la salida de esta capital hacia ciudad Cuauhtémoc, así como el desarrollo del Complejo Industrial Bafar Norte, por la carretera a Ciudad Juárez, con una inversión de 250 millones de pesos.
Escritora narra, lo que dice, fue su pésima experiencia con la librería Sándor Márai
A través de sus redes sociales la escritora chihuahuense, Aniela Rodríguez, dio a conocer, lo que dijo, fue su pésima experiencia con la librería Sándor Márai, propiedad del exgobernador Javier Corral.
Explicó que la semana pasada pidió a Javier Corral, dueño y librero de Sándor Márai, un espacio para ofrecer una charla sobre violencia, algo que, dijo, quería estrenar en Chihuahua, porque no hay sitio al que agradezca más, pues la formó y la vio crecer.
Dijo que, recibió una respuesta favorable, de la que quedó sorprendida pues le ofreció además del espacio presentar sus libros y grabar un podcast.
Señala que, aunque envió los datos de su charla y se agendó desde el lunes pasado no tuvo comunicación durante toda esa semana, por lo que le escribió el pasado lunes 13 de mayo, pues su evento, tras diferimientos estaba programado para el sábado 18 de mayo; y con sorpresa encontró que los datos de su evento se le habían borrado y que tenía que enviarlos de nuevo, lo que le hizo sospechar de que algo no estaba bien. Simplemente olvidó que lo habíamos programado, escribió.
En su post, refiere, que el ex gobernador Javier Corral al abrir su librería la integró un Consejo Consultivo, que nunca sesionó y ni ha fungido como tal, según dice, solo como una lista de nombres de intelectuales. La escritora señala, que se le exigió cubrir los gastos de su invitación, por lo que se sintió ninguneada y menospreciada.
Cuando Javier Corral le preguntó cuánto cobraría por la charla, según posteó, le contestó que nada, puesto que no estaba interesada en hacerlo en el lugar que la vio nacer, pues hay algo que la llama y al que le debe.
En su mensaje, señala, que hasta que se contactó con la librería Sándor Márai, la atendió otra persona en lugar de su propietario, quien le informó que no habían logrado sacar la publicidad de su presentación en tiempo y lo mejor era cancelarla y que sería en otra ocasión.
Por la anterior, dijo, que no habrá otra ocasión porque no apoya instituciones públicas ni privadas, que ofrezcan un trato displicente y paternalista hacia su trabajo.
La autora también se refirió a la respuesta que recibió a su publicación en redes sociales por parte del exgobernador Corral, quien le señaló que no era necesaria esa agresión; por ese motivo, aclaró, que nunca lo ofendió, pero lo que si le recomienda, es que tenga un poco más de consideración o vergüenza en el futuro con sus autorxs invitadxs.
Al final la escritora señala, que está cansada de los malos tratos y se quedó profundamente triste de que, cada vez que busca hacer algo en Chihuahua tiene que llevarse un disgusto. También resalta, que ilusamente confió en que alguien por fin estaba interesadx genuinamente en su trabajo, lo que terminó nublándole la vista, creímos en ese proyecto, apuntó.
Corral señala a Almeida en fraude fiscal por 700mdp
El ex gobernadora panista, hoy candidato pluri de Morena al Senado, Javier Corral, confirmó en redes sociales que el empresario Eduardo Almeida hermano de la ex diputada federal de Morena, Carmen Alméida Navarro, perdió el juicio por defraudación fiscal de 512 millones de pesos, cuya actualización está alrededor de los 700 millones.
Corral Jurado señaló que el empresario, al cual en 2010 le llamaba compadre, fue “uno de los testaferros de César Duarte” y fue por unanimidad de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien confirmó la desfraudación fiscal.
Esto es por el tema de orden fiscal, pues queda pendiente el proceso penal que enfrenta por esta defraudación y según Javier Corral, también por “ lavado de dinero”.
Este dinero se señala que debería regresar a las arcas del gobierno del Estado.
Tips al momento
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Escritora narra, lo que dice, fue su pésima experiencia con la librería Sándor Márai
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Explicó que la semana pasada pidió a Javier Corral, dueño y librero de Sándor Márai, un espacio para ofrecer una charla sobre violencia, algo que, dijo, quería estrenar en Chihuahua, porque no hay sitio al que agradezca más, pues la formó y la vio crecer.
Dijo que, recibió una respuesta favorable, de la que quedó sorprendida pues le ofreció además del espacio presentar sus libros y grabar un podcast.
Señala que, aunque envió los datos de su charla y se agendó desde el lunes pasado no tuvo comunicación durante toda esa semana, por lo que le escribió el pasado lunes 13 de mayo, pues su evento, tras diferimientos estaba programado para el sábado 18 de mayo; y con sorpresa encontró que los datos de su evento se le habían borrado y que tenía que enviarlos de nuevo, lo que le hizo sospechar de que algo no estaba bien. Simplemente olvidó que lo habíamos programado, escribió.
En su post, refiere, que el ex gobernador Javier Corral al abrir su librería la integró un Consejo Consultivo, que nunca sesionó y ni ha fungido como tal, según dice, solo como una lista de nombres de intelectuales. La escritora señala, que se le exigió cubrir los gastos de su invitación, por lo que se sintió ninguneada y menospreciada.
Cuando Javier Corral le preguntó cuánto cobraría por la charla, según posteó, le contestó que nada, puesto que no estaba interesada en hacerlo en el lugar que la vio nacer, pues hay algo que la llama y al que le debe.
En su mensaje, señala, que hasta que se contactó con la librería Sándor Márai, la atendió otra persona en lugar de su propietario, quien le informó que no habían logrado sacar la publicidad de su presentación en tiempo y lo mejor era cancelarla y que sería en otra ocasión.
Por la anterior, dijo, que no habrá otra ocasión porque no apoya instituciones públicas ni privadas, que ofrezcan un trato displicente y paternalista hacia su trabajo.
La autora también se refirió a la respuesta que recibió a su publicación en redes sociales por parte del exgobernador Corral, quien le señaló que no era necesaria esa agresión; por ese motivo, aclaró, que nunca lo ofendió, pero lo que si le recomienda, es que tenga un poco más de consideración o vergüenza en el futuro con sus autorxs invitadxs.
Al final la escritora señala, que está cansada de los malos tratos y se quedó profundamente triste de que, cada vez que busca hacer algo en Chihuahua tiene que llevarse un disgusto. También resalta, que ilusamente confió en que alguien por fin estaba interesadx genuinamente en su trabajo, lo que terminó nublándole la vista, creímos en ese proyecto, apuntó.
Corral señala a Almeida en fraude fiscal por 700mdp
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