Este viernes, se pronostica para nuestra capital, una temperatura mínima de 12 grados centígrados, con igual sensación térmica. La máxima alcanzará los 28 grados centígrados, alrededor de las 16 horas. Será un día de fresco a cálido, con un cielo de soleado a mayormente soleado y con un índice de radiación UV alto, 6 de 11.
La velocidad del viento oscilará entre 2 y 16 k/h. La humedad relativa tendrá una variación del 50 al 21 por ciento.
El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que, para la Mesa del Norte de nuestro país, se tendrá por la mañana ambiente fresco en la región y muy frío a gélido en sierras de Zacatecas, Chihuahua y Durango; todos con posibles heladas.
Durante la tarde, se pronostica ambiente cálido. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León; chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí, todas acompañadas con descargas eléctricas. Sin lluvia en el resto de la región.
Se espera viento del sur y sureste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos en Coahuila y Nuevo León; además de rachas de 40 a 60 km/h, con tolvaneras en Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.