Gobierno de Nicaragua ejerció una campaña represiva contra universitarios en las protestas de 2018, revela ONU
EFE.— El gobierno nicaragüense ataca de manera sistemática al sector universitario del país como parte de su campaña represiva dirigida a suprimir la disidencia, denuncia un nuevo informe de expertos de la ONU que añade que algunos de estos ataques podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe de 96 páginas, centrado en las violaciones de derechos humanos contra el sector educativo, menciona graves abusos tales como asesinatos de estudiantes durante las protestas de 2018, torturas a líderes estudiantiles como Lesther Alemán, Max Jerez o Yubrank Suazo, así como deportaciones (14 de los 222 expulsados en 2021 eran universitarios).
"El gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político", afirmó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua que elaboró el informe.
Cierres de decenas de instituciones
El documento denuncia que tras las protestas de 2018, en las que el movimiento estudiantil cobró gran protagonismo y llegó a tomar centros universitarios en ciudades como Managua o León, se llevó a cabo una política represiva que entre otros efectos tuvo el cierre de decenas de universidades y centros superiores y la confiscación de sus bienes, lo que afectó a unos 37 mil estudiantes.
Algunas de esas instituciones cuya personalidad jurídica fue cancelada habían sido importantes centros de movilización estudiantil durante las protestas, como la Universidad Centroamericana o la Politécnica de Managua.
El informe también recoge la expulsión arbitraria de al menos 150 estudiantes entre 2018 y 2022, principalmente como represalia por haber participado en protestas, y casos en los que se anuló "de facto" la matrícula de estudiantes sin avisarles de ello.
La represión de las protestas estudiantiles, prácticamente desde el día en que éstas se iniciaron en abril de 2018, también incluyó asesinatos, como el de las 15 personas fallecidas cuando policía y grupos armados progubernamentales dispararon contra manifestantes junto a la Universidad Nacional de Ingeniería y el Estado Nacional.
En el caso de las detenciones de estudiantes (al menos 52 según los expertos de la ONU), el informe denuncia la falta de debido proceso (no fueron presentadas a un juez en el plazo de 48 horas, ni se informó sobre el paradero de los arrestados a sus familiares), así como numerosos abusos en el periodo de detención.
"Fueron sometidos a largos y exhaustivos interrogatorios, a cualquier hora, llevados a cabo por policías en ocasiones encapuchados", relata el documento, que también enumera diversos métodos de tortura o psicológica usados contra los estudiantes detenidos.
Juicios sin garantías
Muchos de estos detenidos acabaron siendo condenados por delitos graves tales como terrorismo, tenencia de armas o robo agravado, recibiendo penas de prisión de hasta 15 años, en juicios "con ausencia total de garantías procesales", señaló el informe del grupo de tres expertos.
Sobre la responsabilidad de estos abusos, el informe señala a distintas instituciones del Estado, empezando por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes "usaron varias entidades del Estado para cometer las violaciones de los derechos humanos y crímenes descritos".
El informe utilizó entre otros datos los obtenidos en entrevistas a 130 afectados, algunas a distancia y otras en tres misiones sobre el terreno.
El grupo de expertos destacó el papel protagónico que ha tenido el estudiantado de Nicaragua en la historia del país, hasta el punto de que el mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional que ha gobernado los últimos 17 años estuvo en gran parte compuesto por universitarios que lideraron la revolución de 1979.
Las violaciones y abusos a ese sector social "reflejan la intención del gobierno de controlar cualquier espacio que permita formular críticas y liderar resistencia, protesta o disidencia de manera autónoma", concluye el documento.
Con información de Latinus.
Tips al momento
Brenda, La Torre y Quezada acusan corrupción municipal
Trascendió este domingo en un encuentro de café, que la legisladora de Morena, Brenda Ríos prepara una nueva denuncia en contra del alcalde Marco Bonilla, al que busca acusar ante la opinión pública por supuestos actos de corrupción; y aunque no hubo más detalles del tema que ahora busca abanderar la diputada, hay algo que llama la atención.
Parece que ya pasó la tregua entre Brenda Ríos y Marco Bonilla luego de aprobado el crédito municipal de los 570 millones de pesos para los tres puentes viales y aprovechando que el alcalde anda en Roma, es que han decidido retomar el duelo.
Marco Quezada y Miguel La Torre, junto con Brenda Ríos convocan para este lunes 23 de junio a conferencia de prensa para dar detalles de la denuncia por supuestos actos de corrupción en contra del alcalde Marco Bonilla.
Polémica en el PAN por el apoyo abierto al aborto y la comunidad LGBT
El registro de Daniela Aguilar por la dirigencia nacional del PAN Juvenil se encuentra envuelto en polémica, por su presunta cercanía con grupos pro-aborto y de la comunidad LGBT, grupos e ideologías antagónicas a la doctrina y principios del Partido Acción Nacional.
A pesar de que se registró con el apoyo del secretario general de gobierno Santiago De la Peña, del coordinador de los diputados Alfredo Chávez y de la presidenta Daniela Álvarez, se cuestiona el perfil de Daniela Aguilar para representar a las juventudes panistas a nivela país.
Son los "panistas de cepa" quienes han puesto en polémica el registro de Daniela Aguilar, sobre lo que consideran una "doble cara" por parte del partido, ya que mientras el panismo ha enarbolado la defensa de la vida como bandera política, incluso con campañas como la de los "dos latidos" contra lo que denominan "la cultura de la muerte de Morena", ahora se impulse a un perfil que, según sus señalamientos, "se da vuelo subiendo imágenes con grupos pro-aborto y LGBT".
Esto contrasta con la postura tradicional del PAN, particularmente en el tema del aborto, donde se ha opuesto firmemente a su legalización, la familia y el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer.
Además, hay que recordar que el alcalde Marco Bonilla se encuentra en el Vaticano con el Papa León XIV, máxima autoridad de la Iglesia Católica, religión que se ha opuesto a este tipo de prácticas.
Impugnaciones contra magistrados en Chihuahua por calificación menor a 8 en licenciatura
Las impugnaciones en contra las magistraturas en Chihuahua va en serio, se ha solicitado al Congreso del Estado que se entregue el listado de las personas que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, así como la que incumplieron de acuerdo a la revisión del comité de evaluación pero que aparecen elegibles en los otros dos comités del Estado y el Poder Judicial.
A partir de la exhibida que hizo la presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, sugiriendo en la sesión del pasado viernes que se estaba negando la información de la elegibilidad de los postulantes a las personas inconformes que habrán de impugnar, se menciona que algunos que quedaron fuera del comité de evaluación del Congreso fueron rescatados en los otros comités.
La intención es revisar a las personas que fueron excluidas por la calificación menor a 8 en licenciatura, pero que fueron incluidos en los otros dos comités de evaluación para pasar a las listas definitivas.
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La intención es revisar a las personas que fueron excluidas por la calificación menor a 8 en licenciatura, pero que fueron incluidos en los otros dos comités de evaluación para pasar a las listas definitivas.
