Aprehende AEI en Chihuahua a sujeto acusado por un robo cometido en Parral
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante orden de aprehensión, a un masculino de nombre Miguel Ángel R. C., alias “El Negro”, a quien se le investiga por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado.
Se le imputan hechos registrados el 23 de octubre de 2023, cuando presuntamente se introdujo de manera ilegal a un domicilio del fraccionamiento Real de Victoria, de donde sustrajo 10 mil pesos en efectivo.
Los trabajos de investigación permitieron establecer su probable participación en los citados hechos, así como su localización en la ciudad de Chihuahua, que con el apoyo de las autoridades del lugar los Agentes le ejecutaron el mandamiento judicial que giró un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.
Tras su aprehensión, el imputado, quien cuenta con 26 años de edad, fue trasladado a Parral, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería y será llevado a la audiencia para que el Ministerio Público le formule la imputación correspondiente.
Gracias a las acciones de investigación y seguimiento a las carpetas, se logra la captura de los infractores y se da cumplimiento cabal al compromiso de brindar justicia a las víctimas de los delitos.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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