La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que este lunes firmará el decreto para convertir la Universidad Rosario Castellanos en nacional, y crear así 300 mil espacios educativos para las y los jóvenes.
"Para que estudien la educación superior gratuita, de calidad, científica, humanista, y que permita que las y los jóvenes tengan empleo y tengan educación, que es un derecho", indicó la Mandataria federal.
A pregunta expresa sobre las cuotas que cobra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el proceso de titulación, Sheinbaum señaló que el artículo 3 de la Constitución señala que la educación superior debe ser gratuita, y que respetando las autonomías de las escuelas consideró que deben hacer una revisión de en qué gastan su dinero.
"Con respeto a las autonomías universitarias, es importante que se haga una revisión de en qué se gasta el dinero, porque ha habido un crecimiento muy grande de las burocracias universitarias. Entonces, depende de la propia UNAM, sí, pero tiene que haber también una austeridad republicana, para que los recursos se destinen a las tres tareas fundamentales, educación, investigación y difusión de la cultura, y no se requieren grandes aparatos. Entonces, sí, el presupuesto público tiene que destinarse a la educación, pero también todas las instituciones tenemos la responsabilidad de utilizar ese recurso para lo que estamos destinadas", dijo.
Con información de Informador.mx
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.