El frenesí de las compras se apoderó de Estados Unidos este viernes con la celebración del tradicional Black Friday. A pesar de un contexto económico más favorable, los consumidores mostraron una cautela calculada, buscando las mejores ofertas tras años de inflación.
Centros comerciales como Citadel, en Los Ángeles, abrieron sus puertas durante la noche del jueves para satisfacer la demanda de compradores ansiosos por aprovechar las primeras ofertas. Turistas y residentes locales se mezclaron en busca de descuentos en una amplia variedad de productos.
Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), se espera que más de 183 millones de personas realicen compras durante este fin de semana, lo que representaría un nuevo récord. Las ventas totales podrían alcanzar casi los 1.000 millones de dólares, lo que impulsaría la economía estadounidense.
Sin embargo, los consumidores han aprendido a ser más selectivos en sus compras. Muchas tiendas, como Target, adelantaron sus promociones del Black Friday para atraer a los clientes y evitar la saturación de las tiendas físicas.
El atractivo del Black Friday trasciende fronteras. Turistas de países como México buscan aprovechar los precios más bajos en comparación con sus países de origen.
El Cyber Monday, que se celebrará el próximo lunes, se espera que continúe impulsando las ventas en línea. A medida que los hábitos de consumo evolucionan, el Black Friday se adapta a las nuevas tendencias, convirtiéndose en un evento híbrido que combina lo físico y lo digital.
Con información de La Guardia.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.