
VILLAHERMOSA, Tab (apro).- La principal línea de investigación en el homicidio del exregidor priista Mario Peralta Jiménez, ocurrido ayer, es el robo, afirmó hoy el gobernador Javier May Rodríguez.
El también empresario fue atacado por dos hombres que viajaban en una moto, luego de retirar 450 mil pesos de un banco ubicado en la zona de Tabasco 2000; fue alcanzado en el boulevard Bicentenario, a la altura del fraccionamiento Jardines del Country.
Peralta Jiménez se resistió al asalto y trató de escapar en su auto, pero los asaltantes le dispararon en seis ocasiones, recibiendo tres balazos en el pecho.
En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario tabasqueño lamentó la muerte del empresario y aseguró que no quedará impune.
Dijo que hoy mismo se revisó el caso en la Mesa de Seguridad. El fiscal del estado, José Barajas Mejía comentó en la reunión que se sigue la línea de investigación de un asalto, luego de un retiro bancario.
"Vamos a darle seguimiento puntual a las investigaciones que ya se realizan para esclarecer por completo el caso y dar con los responsables", afirmó.
May Rodríguez hizo un llamado a quienes hacen retiros bancarios para que marquen a la línea 911 y soliciten el servicio de acompañamiento bancario que presta la policía.
"Es un servicio gratuito que ha funcionado en todos los casos solicitados", puntualizó.
Con la aseveración de que el homicidio del exregidor fue producto de un asalto, el gobernador reconoció el clima de violencia que vive Tabasco desde octubre pasado, cuando tomó posesión del cargo.
Este fin de semana Tabasco ocupó el primer lugar en el país de homicidios dolosos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante las primeras horas de este viernes, en la ranchería Anacleto Canabal, en el municipio de Centro, que abarca a Villahermosa, fue hallado el cuerpo de una persona ejecutada a la que le sacaron los ojos y le cortaron las orejas.
Con información de proceso.com.mx

Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.

Esta mañana el movimiento “Generación Z” lanzó un comunicado advirtiendo que el Gobierno Federal tiene miedo de las movilizaciones del próximo 15 de noviembre, por lo que decidió levantar muros alrededor del Palacio Nacional. Aseguraron que aunque se levanten los muros no pararan las exigencias.
Parte de la publicación menciona lo siguiente:
“ Sí, ya vimos que mandaron porros, sindicatos y cercos para 'proteger" el palacio. Lo disfrazan de seguridad, pero todos sabemos que es miedo. Miedo a una generación que ya no se cree su teatro.
Y aunque levanten vallas, no hay barrera que pueda frenar una idea cuando llega su momento.
Si este gobierno y todos los políticos, que juraron defender a México no tienen vergüenza en destruirlo, nosotros no tendremos miedo en defenderlo…”
A esto, la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que es por seguridad pues en manifestaciones pasadas se han infiltrado personas para realizar destrozos, asegurando que creen en los jóvenes de México, pero se ha infiltrado la oposición en esta causa.
Se espera que al menos 70 ciudades de todo el país lleven a cabo manifestaciones por la defensa de México, algunas otras organizaciones se han sumado, así como actores políticos.

De cara al presupuesto 2026, el tema de las multas de tránsito vuelve a colocarse sobre la mesa, no sólo por las actualizaciones que se prevén en sus montos, sino por la evidente contradicción entre la severidad con que se sanciona al automovilista y la indiferencia con que se atienden las condiciones de las calles.
Mientras el reglamento de Vialidad detalla con precisión sanciones que van desde los 700 hasta casi 5 mil pesos por infracciones como estacionarse en doble fila, no portar llanta de refacción o circular con luces apagadas, los baches, el pavimento levantado y las vialidades sin señalización continúan siendo el verdadero castigo para el ciudadano.
Cada bache representa un daño potencial al vehículo, y sin embargo, no hay mecanismo alguno para que el automovilista recupere el costo de una llanta, un rin o una suspensión dañada por la omisión gubernamental. Las autoridades exigen cumplimiento absoluto al reglamento, pero no ofrecen el mismo rigor cuando se trata de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura vial.
