"¿Quién podría asegurarnos que alguno de nuestros familiares no será la siguiente víctima?", pregunta diputada del PRI

Con sólo unas horas para leer su contenido, la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó dos dictámenes para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.

Ambos dictámenes fueron avalados por 25 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, por bloque fueron turnados a la Mesa directiva para ser discutidos y votados este jueves en el pleno.

Diputados del PAN y el PRI hicieron un extrañamiento a la presidenta de la comisión, Jessica Saiden Quiroz, porque ambos proyectos fueron enviados la mañana de este miércoles para ser discutidos y votados a partir de las 5:00 de la tarde.

 

Antes de discutir los artículos, la diputada del PRI, Verónica Martínez García, compartió a nombre de su bancada “el dolor con las miles de madres buscadoras que siguen en la lucha por encontrar a sus familiares”.

“Quiero detenerme también para hacerles una pregunta y una reflexión. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes tenemos hijos, nietos, hermanos, hermanas y quién podría asegurarnos que alguno de nuestros familiares no pudiera ser la siguiente víctima?”, cuestionó sin que hubiera respuesta.

Martínez García consideró que “tenemos que tomar las cosas con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, pero sobre todo con mucho compromiso y debemos de ser solidarios con la causa que encabezan las madres buscadoras”.

El dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública establece que se encargará de interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades y municipios, así como de entes privadas, para fines de investigación de los delitos, en particular los de alto impacto.

Esto, con excepción de los sistemas de inteligencia relativos a seguridad nacional.

El diputado de Morena, Manuel Espino Barrientos consideró que con esta reforma se da un paso importante, sin embargo, “no todo lo que viene del Ejecutivo es perfecto”.

“Al Poder Legislativo le corresponde resolver reformas, crear nuevas leyes y mejorarlas. No estoy en contra del bien pretendido, sino que haga bien, de lo contrario se corre el riesgo de que termine enredado en problemas de corrupción y decisiones sesgadas”, advirtió.

En su intervención, Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo, consideró sobre el artículo 12, para crear el registro de telefonía móvil, “ya se debatió en otro momento, y la Corte lo tumbó”.

“Norma Piña fue la dictaminadora, por cierto, y también enfrentamos múltiples amparos que quisieron tirar ese padrón”, recordó.

César Israel Damián Retes, diputado del PAN, reviró al petista y mencionó que “quien presidía la Corte era Arturo Zaldívar y la votación fue 11-0”.

“Zaldívar y Loreta (Ortiz) señalaron que era violatorio de los derechos humanos lo que hoy quieren volver a aprobar. Es momento de corregir, de entrar al debate técnico”, enfatizó.

El panista Damián Retes expresó la preocupación de su bancada “por las posibles violaciones a los derechos humanos, nos preocupa sobremanera la intimidad, que se viole el derecho a la privacidad de las y los mexicanos”.

“Por supuesto que también nos preocupa el uso de datos por parte de la autoridad.No vaya a ser que se vuelvan a encontrar bases de datos en Tepito a la venta a precios accesibles”, expresó.

 

 

 

Con información de: LatinUs.

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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.

Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.

Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Así, de esta manera,  el control del Estado en los medios, se va consolidando en una ley mordaza, según los comentarios.


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