Candidatos en elección judicial podrán hacer actos de proselitismo: TEPJF
0H1c0rgCIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A dos semanas de las elecciones judiciales, el bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la vuelta a la prohibición para llevar a cabo eventos de proselitismo. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgLos tres magistrados encabezados por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) autorizar la organización de “mesas de diálogo” y “encuentros”, invitando al 50% de los candidatos que compitan por un mismo cargo. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgMónica Soto llamó a que el INE revierta la prohibición en un plazo de 24 horas, “dado los tiempos que estamos ya, a pocos días de la jornada electoral”. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgLas reglas de las elecciones judiciales prohíben que entes públicos o privados – universidades, sindicatos, organizaciones civiles–organicen eventos para favorecer a ciertos candidatos; en cambio, permiten llevar a cabo “foros de debate”, siempre y cuando los organizadores inviten a por lo menos la mitad de los contendientes por un mismo cargo, y que los candidatos registren sus actos de campaña. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgEl pasado 29 de marzo, Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), preguntó al INE si las mismas reglas se aplicarían en eventos tipo “mesas de diálogo” y los “encuentros”; el 19 de abril, el organismo autónomo le reviró con la afirmativa. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgActo seguido, 10 candidatos –incluyendo tres a la SCJN–, un sindicato adscrito a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la organización civil PoderCiudadano impugnaron la respuesta del INE, para exentar las “mesas de diálogo” y los “encuentros” de las restricciones contempladas en el marco de las elecciones judiciales. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgEl caso llegó a las manos de la magistrada Janine Otálora Malassis, quien dio la razón al INE en un proyecto de resolución, Otálora retomó los criterios del organismo electoral y declaró infundados los agravios de los recurrentes. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgSin embargo, durante la sesión de hoy, los tres magistrados del bloque mayoritario tumbaron el proyecto de resolución, con el argumento de que, según la “literalidad”, no son equiparables las mesas de diálogo, los encuentros y los foros de debate. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rg“De ahí que no puedan utilizarse como sinónimos”, insistió el magistrado Felipe Fuentes Barrera. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgSegún el integrante de la Sala Superior, un foro de debate busca la “confrontación de las candidaturas”, mientras que las mesas de diálogo pretenden “generar acuerdos” con base en “la reflexión y la riqueza de opiniones”, y que los encuentros “permiten la interacción entre todos los asistentes y tienen una estructura más informal, más flexible”. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgOtálora respondió a su colega que, en su opinión, no resulta lógico que “entre diversos cargos por un mismo cargo puedan llegar a un acuerdo” y defendió su proyecto, que finalmente fue desechado por el grupo de Mónica Soto. 0H1c0rg Omnia.com.mx
0H1c0rgCon información de proceso.com.mx0H1c0rg Omnia.com.mx
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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
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