Tips en Cascada, 16 de Junio de 2025 

La iniciativa de Ley Vicaria que presentó la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, ha encendido el debate, en donde grupos en pro de los derechos de los hombres han acusado que esta iniciativa carece de sustento jurídico y científico, y representa una regresión en materia de derechos humanos.

Las voces no se han hecho esperar, señalando que esta propuesta vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el interés superior del menor y el acceso equitativo a la justicia. 

La principal crítica radica en la ausencia de evidencia técnica, empírica o jurídica que justifique la creación de una figura penal que, según sentencian deliberadamente, excluye a padres, abuelos, tíos y familias paternas que también han sido víctimas del uso de los hijos como instrumento de daño.

Un punto particularmente polémico ha sido el respaldo de la diputada a colectivos que, públicamente, han reconocido que "la Ley Vicaria no es para los niños". Esta frase, capturada en video durante una mesa de trabajo legislativo, ha generado indignación y el clamor por la detención inmediata de la propuesta. Si la ley no es para proteger a los niños, ¿entonces cuál es su verdadero propósito?

Dicen que esta legislación es de corte ideológico que corre el riesgo de dividir a las familias, polarizar a la sociedad y criminalizar la paternidad, por lo que se exige a la diputada que someta su propuesta al más alto escrutinio técnico y público, que no sea por consignas, sin el mandato constitucional de deliberar con apertura, evidencia y responsabilidad.

Exigen a la diputada Leticia Ortega Máynez que convoque a un diálogo técnico, abierto y sin censura sobre la Ley Vicaria que se pretende imponer en el Estado de Chihuahua, en un espacio público, con transmisión en vivo, y con la participación de: Abogados expertos, Psicólogos especialistas en violencia familiar, Investigadores académicos, Activistas y defensores de derechos humanos de distintas posturas ideológicas.

Sin embargo, también se ha señalado que la polarización que ha generado este tema de la legislación de Ley Vicaria en Chihuahua, ha provocado que varias diputadas que trabajan en esta propuesta de reforma, entre ellas Leticia Ortega han sido blanco de objetos de intimidaciones y están documentando para responder legalmente.
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Entre las voces de Morena, dicen que la senadora Andrea Chávez ha cedido terreno de sus aspiraciones a la gubernatura y que pretendería entonces una alcaldía, y que uno de los motivos fueron el famoso manotazo contra las expresiones de Claudia Sheinbaum, que no sólo le habría puesto un freno a la promoción personalizada y anticipada de sus caravanas y ambulancias médicas, al recalcar que las únicas brigadas oficiales serían las de la Secretaría del Bienestar, sino que además la mandataria federal ha respaldado en al menos dos ocasiones desde la “mañanera” a la Secretaria Ariadna Montiel, cuando la secretaria recibe constantes campañas de golpeteo tanto de Adán Augusto López, como de Ricardo Monreal, dos de los personajes oscuros más impresentables de Morena...

Refieren, que el espaldarazo de la presidenta a la secretaria Montiel, ha sido además en un gesto hecho visible casi de forma consecutiva, y que sería una respuesta directa precisamente contra esos señalados intentos de boicot provenientes de los grupos afines a Ricardo Monreal y Adán Augusto López, además de Javier Corral, al que se vincula a la senadora Chávez.

El impacto de este respaldo presidencial hacia Ariadna Montiel no sólo se percibe en la esfera de las aspiraciones políticas, sino que, según los mismos morenistas, ha beneficiado directamente a la delegación del Bienestar en Chihuahua. 

Dicen que entonces Andrea Chávez, optaría por un plan “B”, si no va a ser la gubernatura, pues más atención en Ciudad Juárez, luego de las giras por la Sierra y de un "turismo legislativo" en Estados Unidos donde se le cuestionó en redes sociales una supuesta "foto truqueada”.
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Por si no fuera poco con la Ley de Telecomunicaciones con la que la 4T pretende tomar el control de lo que se deba ver y difundir en redes sociales en México, al más puro estilo autoritario y represor de los gobiernos socialistas o procomunistas, en Puebla,  el gobierno de Morena ha dado un paso y ha decidido adelantarse con una legislación local aprobada por el congreso de mayoría “guinda” que castiga con cárcel los insultos en redes sociales, luego de las constantes críticas que usuarios de X han hecho contra el gobernador Alejandro Armenta, sus dislates y ocurrencias autocríticas así como las de su gabinete. 

Las reformas que aprobó el gobierno de Puebla en su Código Penal tipifican delitos relacionados con el uso indebido de tecnologías digitales, tales como la usurpación de identidad, espionaje y ciber asedio, éste último por realizar insultos en redes son tres años de prisión y multas de hasta 300 UMAs, unos 33 mil pesos, aproximadamente.

Morena abre la puerta a una mordaza legal, la criminalización de la disidencia, de la oposición, al castigo de quienes "insulten" al régimen con la que se busca silenciar a la ciudadanía y, un atentado contra la libertad de expresión.

El artículo 480 que aprobó el Congreso de Puebla define el ciber asedio como "insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud". 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara, en que la libertad de expresión protege incluso aquello que puede resultar "chocante, inquietante u ofensivo para el Estado o la sociedad". 
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Mientras que el PAN de Chihuahua en el tema del aborto sucumbe a la agenda de la muerte de la que tanto acusan a Morena, proponiendo que se mate al embrión siempre y cuando no se escuche el latido del corazón, en Guanajuato la historia es otra. 

Guanajuato ha dado una lección de coherencia y firmeza al rechazar la despenalización del aborto, sosteniendo así la penalización de esta práctica, incluyendo el apoyo del Partido Verde con todo y que se supone alianza de plataforma de gobierno con la 4T.

Guanajuato se erige como el primer estado de México en no despenalizar el aborto tras el controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 19 votos en contra y 17 a favor, la propuesta para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación fue derrotada. Victoria para la defensa de la vida desde la concepción, un principio que, según sus defensores, fue extralimitado por la Corte al ordenar la legalización del aborto a nivel nacional el 6 de septiembre de 2023, bajo el pretexto de proteger los derechos humanos de las mujeres.

Si bien la mayoría de los estados han reformado sus constituciones y códigos penales para legalizar el aborto, en Chihuahua el tema sigue siendo una asignatura pendiente, marcada por la indecisión y la falta de contundencia de los legisladores que se autodenominan "provida y familia". En contraste, en Guanajuato el Partido Verde fue clave para inclinar la balanza en contra de la despenalización, argumentando la defensa de la vida de los indefensos, la dignidad y la seguridad de la mujer y su maternidad.

Un factor determinante en la decisión de Guanajuato fue el activismo contundente de la Iglesia Católica. La diócesis, encabezada por el Monseñor Jaime Calderón, Arzobispo de León, jugó un papel crucial en la movilización y defensa de la vida; postura y una presencia que, lamentablemente, no se han replicado con la misma fuerza en Chihuahua y eso que fue consagrado el Estado al Corazón de Jesús el 20 de abril del 2013.
Y en eso, hasta los católicos locales no dejan de criticar la tibieza y zona de confort del arzobispo Constancio Miranda, quién no se para en ninguna parroquia y, lo peor, no es una voz que defienda a la Iglesia de tanto ataque, a tal modo en que sectores del catolicismo cuentan las horas para que ya se retire....
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De “Benito Juárez” o “la copia”, “el magistrado Chicharrón” o los ministros “plagiarios” y/o “burros”, llega a la nueva farsa judicial de Chihuahua, un personaje digno para una secuela del finado escritor José Maria de Eça de Queiroz, ahora con un sacerdote que fue electo juez familiar.

Hablando del clero y su tuviera en la defensa de la vida desde la concepción, estallaron las redes sociales al advertir que un candidato que encabezó los votos en Chihuahua para juez familiar, resultó que hasta la fecha aparece como sacerdote en activo en la página de la Segob.

Dicen que no puede tratarse de un homónimo, y que en realidad es Jorge Alonso Vences Gómez, candidato electo a juez familiar por el distrito Hidalgo quien obtuvo 7 mil 824 para coronarse como el virtual receptor de la constancia en manos de la autoridad electoral de Chihuahua.

Las redes sociales reaccionaron a advertir que el candidato electo para juez familiar, Jorge Alonso Vences Gómez, es un sacerdote que figura como ministro de culto activo en el directorio de la Secretaría de Gobernación, cuando la Constitución establece que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”, que pueden votar, pero no a ser votados. 

Pero bueno ya no se sabe, mientras que los candidatos propuestos a nivel federal enfrentan severas acusaciones y delitos, incluso expuestos por el polémico Fernández Noroña, pues hay que dejarlo pasar, no nomás aquellos puestos por “los malos”.

Jorge Alonso Vences Gómez aparece en el acordeón que adjudican al gobierno de Chihuahua con el número 9 en el distrito Hidalgo de Parral, pero su reconocimiento por la autoridad mexicana, lo inhabilita legalmente para ejercer cualquier función pública, configurando una flagrante violación a la ley.
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Al parecer hay panistas a los que se les está pasando de noche la renovación del Consejo Nacional del PAN y a otros tantos la preocupación es inminente, y todo porque son los consejeros que, en el caso de Chihuahua, por menor que suene el dato, definirán las reglas del juego de cara a la renovación de las dirigencias municipales, incluidas Juárez y Chihuahua.

Como consejeras nacionales del PAN repiten en automático para el periodo 25-28, Maru Campos como gobernadora, Daniela Álvarez presidenta del PAN en Chihuahua y Tere Ortuño como vitalicia.

De 15 espacios que tenía Chihuahua al parecer se reducen a 12, es decir que 9 si tendrían que competir a menos que se filtre uno que otro por el CEN, la comisión Política Permanente u otro órgano de dirección que ellos también definen a sus consejeros. Pero entonces 9 en contienda franca.

El periodo de inscripción para la evaluación de aspirantes a Consejeros Nacionales será del 10 al 19 de junio de 2025; la evaluación en su modalidad "Presencial" será del 20 al 26 de junio de 2025. Se estima que la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria, donde se presentará la lectura de los integrantes del Consejo Nacional 2025-2028, su ratificación y toma de protesta, está programada para el 19 de julio de 2025. Ojo porque entre sus facultades están lineamientos generales incluyendo los procesos de selección de dirigencias.
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Con créditos ya aprobados, ahora con lo que tiene que lidiar el alcalde Marco Bonilla, es el caso del terreno de Mápula, una discusión que parece interminable. 

Y es que este lunes en punto de las nueve de la mañana está programada la audiencia constitucional, eso si es que de última hora no vuelve a sufrir alguna modificación como ya es costumbre en el caso. 

En la última ocasión la audiencia fue pospuesta porque se les olvidó notificar al último perito interesado en el caso, y por ello no se pudo llevar a cabo, esto, pese a que ya se cuenta con todo lo que ha solicitado la jueza en estos dos últimos años. 

Aunque en diversas ocasiones ya se ha adelantado que probablemente el caso pase al juez que llegue, y no tendrá alguna resolución definitiva hasta finales de año, si bien le va, si no ya hasta el próximo año.
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El miércoles 12 de febrero, se da el informe anual del Tribunal Superior de Justicia en el Centro de Convenciones, togas planchadas, sonrisas de utilería y desde el templete, la gobernadora Maru Campos lanza un mensaje directo al corazón (o lo que queda) del Poder Judicial:
“Es imperativo mantener este compromiso que nos mueve. Hoy más que nunca no podemos fallarle a Chihuahua y eso significa mantenernos unidos, sin escuchar las voces discordantes de división”.

El mensaje fue claro. Pero a la presidenta del TSJ y a varios funcionarios del mismo poder, pareció que el exhorto "les entró por una oreja y les salió por la otra", citan fuentes palaciegas. Porque lo que vino después fue, simple y llanamente, una exhibición de deslealtades, traiciones y reacomodos de última hora que dejaron a medio tribunal con el rostro desencajado y el colmillo retorcido.

Fuentes del mismo entramado de las calles Aldama y Once, han registrado que lo que debía ser una proclamación de cohesión se convirtió "en una postal de la hipocresía institucional",  porque acusan que la presidenta Myriam Hernández, apenas bajó el telón, hizo todo lo contrario: pateó el tablero, quemó los puentes y les dió la espalda a las huestes propias.

Después de haberse comprometido en público de manera reiterada a respaldar a jueces y magistrados en funciones, Myriam salió con otra realidad. De los 30 nuevos magistrados, 29 serán novatos. Solo uno repitió: Gerardo Acosta, primo por cierto de la presidenta y quien hoy por hoy es señalado de no tener el perfil para ser magistrado porque no tiene el promedio para serlo, un tema que el cuestionado IEE de Yanko Durán y que debería estar en la cancha del consejero presidente  del TEE, Hugo Molina....

En esa nueva realidad, el resto eran provisionales. Llegan por primera vez, sin carrera consolidada, sin respaldo del gremio. Y entre ellos, destacan -por parentesco, no por méritos- como Nyria Trevizo, comadre de la presidenta, quien no solo consiguió asiento sino que, citan, habría obligado a Myriam Hernández a darle la espalda su otro compadre, el licenciado Cázares, despojado de la Tercera Sala como si fuera huésped indeseado.

Y mientras unos entraban, otros salían por la puerta trasera, con el cuchillo en la espalda, los leales de antaño y miembros selectos del grupo de oxigenados, como Gabriel Sepúlveda, Alfredo Fierro, Jorge Ramírez, Filiberto Terrazas y  Luis Villegas, quedaron fuera del reparto. Incluso el hijo del magistrado Sepúlveda, Gabriel Jr, no quedó. 

Hoy todos ellos, junto con uno de los operadores de confianza de la gobernadora, Fernando Mendoza, pelean con desesperación por el último espacio codiciado del sexenio: el control del órgano de administración judicial, donde la lucha se ha vuelto fragorosa y de pronóstico reservado…

Y, en medio de esos escenarios draconianos, está el caso del magistrado Luis Villegas, a quien nadie quería en la foto, trascendió que operó pasando inadvertido y logró colocar a Diana Félix en el primer lugar de la lista de magistradas civiles y de forma  transversal que apareció en todas las listas: las de Morena, las del Gobierno y hasta en las del duartismo. 

Siendo tan odiado, Villegas trabajó sub mecatum, pero el verdadero incendio está abajo.

Los jueces de primera instancia —civiles, penales, laborales y familiares— están visiblemente molestos pues dicen, la presidenta les prometió apoyo, estructura y respaldo utilizando para ello a su "operador estrella" Jorge Ramírez, quien les vendió seguridad a cambio de votos, y cuando llegó la hora de la verdad quedaron fuera, colmando los famosos chismes de radio pasillo muy fuertes en contra de la titular del Poder Judicial. 

Y ya cuando viene la sacudida final con la entrega de las estafetas a los nuevos Jueces y Magistrados, la institución está lastimada y con enojo visible…

Y ahora viene la otra parte, la que tendrá que ver cómo operan magistrados y jueces novatos, llegados con anticipados gestos de soberbia de los que creen que la toga es legítima, lo que el concurso no dio.

Así se selló el pacto. Así se consumó la traición. Otra vez, aparte de peligrosos personajes y una lista larga de juicios abreviados con mucho "sospechosismo" en su manejo que apuntan a que no correspondió a la línea de Palacio, desde donde se externan muchas más expresiones...
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Después de los gobiernos de Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral y a dos años de la actual administración y una inversión superior a los $1,500 millones de pesos, el Aeropuerto “internacional” de Creel sigue sin despegar y solo recibiendo turistas que bajan en avionetas pequeñas.

Se advierten esfuerzos particulares pero ninguno oficial donde el titular de turismo Edibray Gómez, ha estado más enfocado en viajes a España o a ferias nacionales pero a la fecha no ha convencido a la gobernadora Maru Campos ni siquiera la idea de visitar Creel, destino que seguramente si se promocionará de manera profesional, captaría mucho turismo nacional y con el tiempo internacional...