
El capo canadiense Ryan Wedding fue capturado en una operación secreta del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México, detención que generó un choque de versiones sobre su aprehensión entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
The Wall Street Journal reportó la noche de este miércoles que los agentes estadounidenses pretendían mantener el hecho en secreto y que, además, monitorean en territorio mexicano a otros narcotraficantes.
“Las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio, así como su participación en detenciones o redadas. El partido gobernante nacionalista mexicano es particularmente sensible a la injerencia extranjera”, cita el diario.
Según el medio estadounidense, las circunstancias que rodearon el arresto del narcotraficante marcan un momento de alta tensión entre Washington y México, tras el ataque estadounidense a Venezuela a principios de este mes.
“Desde entonces, el presidente Trump ha amenazado con realizar ataques terrestres contra los cárteles mexicanos, una medida que encendió las alarmas entre altos funcionarios mexicanos”, asegura The Wall Street Journal.
Por una parte, el director del FBI, Kash Patel, lanzó una “bomba” en su cuenta de X: “Nuestros equipos de respuesta a emergencias del FBI ejecutaron con precisión, disciplina y total profesionalismo una operación junto con nuestros socios mexicanos para traer a Ryan James Wedding de regreso y que enfrente la justicia”, dijo, usando las iniciales de su escuadrón de élite.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó calmar la situación y aseguró que no hubo participación de Estados Unidos en la operación, y que los agentes estadounidenses en México tienen claras limitaciones legales.
“No voy a entrar en un debate con el director del FBI, ni quiero que haya un conflicto”, declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del martes.
Por su parte, Anthony Colombo, abogado de Wedding, refutó la versión de la mandataria y afirmó que es falso que su cliente se haya entregado en la embajada, así como que agentes estadounidenses hayan participado en la detención.
El diario reporta que el FBI ahora está identificando más objetivos en todo México y apunta a realizar operaciones conjuntas con fuerzas mexicanas contra los principales objetivos del narcotráfico.
Con información de Latinus.


Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…

Estos son los supuestos de injerencia extranjera que propone Morena para anular elecciones en Chihuahua
De acuerdo al Grupo Parlamentario de Morena, se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia, libertad y autenticidad en materia electoral, cuando sean cometidos por estos grupos o entes vinculados a ellos o a intereses extranjeros, entre otros:
I. La injerencia en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital o sometimiento a intereses extranjeros;
II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.

Después de la serie de críticas que ha emitido el presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hacia la Torre Centinela de la SSPE, resurgió información pública de hace varios años, en donde el mismo ayuntamiento aprobó la donación de predios para la realización de esta obra de seguridad.
Y es que el 22 de junio del 2022 el Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la donación de 6 predios para la construcción de esta torre de seguridad, que en conjunto suman 4 mil 450 metros cuadrados, en donde actualmente está esta obra estatal, lo que genera una serie de dudas sobre si realmente el pensamiento del morenista en ese entonces era que la construcción era “un mugrero”, como se ha referido en meses anteriores.
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II. La intervención para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales;
III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
