Paola Gárate rechaza nexos con el narco y responsabiliza al Estado de su seguridad
La diputada priista en Sinaloa, Paola Gárate, respondió a los señalamientos difundidos por el abogado César Mario Gutiérrez Priego quien señaló presuntos nexos con el crimen organizado por parte de la legisladora.
Tras las declaraciones de Gutiérrez Priego con el periodista Joaquín López-Dóriga, Gárate afirmó que las acusaciones forman parte de una estrategia de desprestigio y cuestionó que se haya involucrado a un menor de edad dentro de la controversia.
“Después de revisar por completo mi vida y encontrar un expediente limpio, el gobierno federal pretende construir una historia fantasiosa para mancharme”, expresó la priista en redes sociales.
La denuncia por la corona fúnebre y su versión sobre las amenazas
La priista también rechazó las versiones que apuntaban a que no había presentado una denuncia por una corona fúnebre que recibió como amenaza. Según explicó, acudió a instancias internacionales luego de que autoridades locales no recibieron su denuncia.
En su declaración, sostuvo que el caso ocurrió en un contexto de amenazas y presión política, por lo que decidió continuar por otras vías legales. Además, afirmó que la situación ya es revisada por sus abogados.
“Miente al decir que no presenté denuncia por la corona. Presenté la demanda dentro de las 24 horas sobre los hechos”, afirmó Gárate.
Críticas al manejo de la seguridad en Sinaloa
Durante su mensaje señaló que continuará denunciando la violencia que afecta a Sinaloa y cuestionó que exista una diferencia en la forma en que se atienden los casos de seguridad dependiendo de quién realiza los señalamientos.
Gárate sostuvo que sus críticas a las autoridades estatales han generado una serie de ataques en su contra y responsabilizó al Estado por cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella, a su familia o a integrantes de su equipo.
“Si algo llega a sucederme a mí, a mi familia o alguien de mi equipo responsabilizo al Estado, al gobierno por acción u omisión”, concluyó.
Señala doble rasero político
La dirigente priista también cuestionó que, mientras algunas figuras políticas enfrentan señalamientos, a otras se les otorgue respaldo institucional. En particular, hizo referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Gárate afirmó que mantendrá su postura crítica y llamó a la ciudadanía a participar en la discusión sobre la seguridad y el futuro del estado.
“Desde hace meses he denunciado la violencia que vive Sinaloa. He señalado la falta de resultados del gobierno y he acompañado a víctimas”, expresó.
¿Quién es César Mario Gutiérrez Priego?
César Mario Gutiérrez Priego es un abogado penalista mexicano con trayectoria en seguridad nacional y derecho militar.
Es hijo del general Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, quien encabezó el extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) durante la década de los noventa.
El militar fue detenido en 1997 acusado de presuntos vínculos con integrantes del narcotráfico, un episodio que marcó uno de los casos más polémicos en materia de seguridad en México.
En 2025, Gutiérrez Priego fue incluido como candidato número 49 dentro del proceso para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero tras la jornada electoral, el aspirante no alcanzó uno de los puestos del máximo tribunal.
Con información de Político.mx
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Cabe mencionar que este asunto se agregó de manera urgente durante la sesión ordinaria 19 del Cabildo, por lo que al parecer era apremiante el aprobar dicha donación. Hoy, a unos días de cumplirse 4 años de esa indicación de ayuntamiento, el candidateable a la gubernatura de Chihuahua le llama “mugrero” y quiere convertir la obra de seguridad en una torre departamental, así la incongruencia del morenista…
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III. La realización de actos de presión política, económica, o mediática, de violencia física, patrimonial, emocional o psicológica o sometimiento a intereses extranjeros que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;
IV. La vulneración del territorio estatal por tierra, agua, o espacio aéreo con fines de presión, intimidación, afectación o sometimiento a intereses extranjeros al electorado;
V. Actos de violencia electoral o sometimiento a intereses extranjeros entendidos como conductas de agresión organizadas que ponen en riesgo o afectan la libertad, autenticidad o certeza de los procesos electorales y tienen por objeto o resultado beneficiar o perjudicar una o más candidaturas, partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes o autoridades electorales.
VI. Cualquier otra conducta que comprometa la integridad personal o comunitaria o afecte la autenticidad y libertad del sufragio y soberanía frente a intereses extranjeros.
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