Municipio no ganó y hoy no pueden construir el relleno de Mápula: Hugo González

El regidor morenista y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, respondió de manera contundente al alcalde Marco Bonilla y a los funcionarios del Municipio de Chihuahua, a quienes exigió dejar de mentirle a la ciudadanía y hablar con la verdad sobre la situación jurídica del relleno sanitario de Mápula.

Según explicó, el Ayuntamiento pretende presentar como una victoria lo que en realidad es una derrota jurídica de fondo, pues la sentencia concedió el amparo a los quejosos y, en los hechos, impide que el relleno sanitario pueda construirse. Manipular el contenido de una resolución judicial para disfrazar una pérdida como triunfo, afirmó el regidor, es una falta de respeto a la inteligencia de las y los chihuahuenses.

El mensaje central debe quedar claro, sostuvo Hugo González: el Municipio miente cuando dice que ganó. La sentencia, subrayó, dice exactamente lo contrario, ya que el amparo fue concedido y el proyecto sigue detenido. “Documento mata discurso”, expresó, al subrayar que una conferencia de prensa no modifica una sentencia ni cambia sus efectos jurídicos.

Añadió que, si el Municipio realmente hubiera ganado el litigio, ya estaría en condiciones de iniciar la construcción; sin embargo, eso no ocurre porque la resolución judicial mantiene impedida la obra hasta que se cumplan condiciones técnicas, ambientales y de participación pública que el propio Juzgado ordenó. No se trata de trámites menores, insistió, sino de exigencias sustantivas para proteger el agua y a la población.

El dato jurídico central es claro, explicó el regidor: la sentencia concedió el amparo y mantuvo frenada la construcción del relleno sanitario. El Municipio, señaló, está intentando engañar a la ciudadanía al afirmar que salió vencedor del litigio, cuando la realidad procesal demuestra lo contrario.

El efecto práctico de la resolución precisó Hugo González, es que no pueden construir. El proyecto permanece detenido hasta que se acrediten plenamente las condiciones técnicas, ambientales y de participación pública ordenadas por el Juzgado, y no se trata de una simple formalidad, sino de medidas indispensables para proteger el agua.

Las condiciones impuestas por la sentencia no son simples requisitos administrativos, advirtió, sino exigencias de fondo para evitar daños al medio ambiente y a la población. En ese sentido, mencionó la necesidad de reforzar la impermeabilización, detectar fugas de lixiviados, monitorear el agua subterránea, acreditar técnicamente las medidas adoptadas y garantizar una auténtica participación pública.
La jueza resolvió sobre derechos, sostuvo el regidor, pero no sustituyó a los expertos técnicos. Para determinar el riesgo real sobre los mantos acuíferos, explicó, están precisamente los estudios del IMTA y los dictámenes oficiales, los cuales ya alertan sobre la gravedad del caso. Por ello, subrayó que el Municipio no puede minimizar una resolución que le impone obligaciones concretas.

No debe perderse de vista lo esencial, señaló Hugo González: se pretende construir un basurero sobre el acuífero Villalba y en una zona que, de acuerdo con la evidencia técnica del expediente, forma parte de su recarga. Ese solo hecho, afirmó, debería bastar para encender todas las alertas institucionales.

Chihuahua no tiene agua de sobra, recordó, y la ciudad ha padecido sequías severas durante años. Poner en riesgo una reserva estratégica de agua subterránea sería una decisión profundamente irresponsable, con consecuencias para las generaciones presentes y futuras.

La basura puede manejarse en otro sitio, enfatizó el regidor, pero un acuífero contaminado no puede reemplazarse. La discusión no es si Chihuahua necesita una solución para sus residuos, dijo, sino por qué el Municipio insiste en colocarla precisamente donde puede comprometerse el recurso más valioso: el agua.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua fue categórico en su oficio RJE.07.02.-102, de 10 de diciembre de 2024, al señalar que el sitio propuesto se ubica hidrogeológicamente en la entrada del flujo subterráneo que alimenta al acuífero Villalba y forma parte de su recarga total.

Esa advertencia del IMTA no puede ser ignorada ni minimizada, afirmó Hugo González, pues el organismo también concluyó que la tecnología propuesta para el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos no basta para evitar la contaminación del acuífero. Eso confirma la gravedad del riesgo y desmiente cualquier narrativa oficial que pretenda presentar el proyecto como seguro.

El propio expediente identifica arenas, gravas y materiales aluviales, además de una alta conductividad hidráulica, lo que favorece la infiltración. No se trata de un riesgo abstracto ni de una hipótesis lejana, señaló el regidor, sino de condiciones físicas reales que facilitan el movimiento del agua y de posibles contaminantes.

Un perito oficial concluyó que la ubicación no es adecuada. Se refirió al ingeniero Jesús Enrique Pablo Dorantes, quien señaló expresamente que el sitio Mápula no es adecuado conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003 y que el nuevo relleno no cumple con esa norma.

Otro perito oficial, agregó Hugo González, identificó una prohibición absoluta. Citó al ingeniero Julio Constantino Valdivieso Rosado, quien explicó que el numeral 6.1.4 de la NOM-083 prohíbe instalar rellenos sanitarios sobre planicies aluviales y zonas de recarga de acuíferos.

La sentencia debe ser revisada en segunda instancia, sostuvo, porque la jueza omitió analizar integralmente estas periciales oficiales y negó el amparo respecto de determinados actos. Por ello, adelantó que seguramente en los próximos días los particulares pedirán al Tribunal Colegiado que valore toda la prueba y amplíe los efectos protectores de la resolución.

El asunto no ha terminado, informó el regidor, y seguramente los particulares en los próximos días interpondrán recursos de revisión. El Municipio, señaló, previsiblemente combatirá la concesión del amparo, mientras que los quejosos solicitarán una protección más amplia frente a la inviabilidad ambiental del sitio.

El Municipio debe demostrar y no sólo declarar, advirtió Hugo González. No basta con minimizar la sentencia ni con llamar “requisitos” a condiciones ambientales complejas, porque cualquier intento de cumplimiento aparente deberá ser revisado técnica y jurídicamente.

Defender el agua no significa oponerse al desarrollo, afirmó el regidor. Lo verdaderamente responsable es exigir una solución para los residuos en un lugar compatible con la ley y que no comprometa una reserva estratégica para Chihuahua.

Con un mensaje contundente cerró su posicionamiento: el municipio no ganó el amparo y hoy no pueden construir. Lo que buscan los particulares, advirtió, es impedir que, en una tierra golpeada por la sequía, se coloque un basurero sobre el acuífero Villalba.

La basura tiene alternativas, pero el agua de Chihuahua no concluyó Hugo González. Dejando claro que la defensa del agua no es una consigna política, sino una obligación moral, legal y pública frente a una decisión que podría comprometer el futuro de la capital del estado.