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Con las movilizaciones de esta mañana a nivel nacional tanto de campesinos como del estallamiento del conflicto de los trabajadores del SAT, se devela que parte de las instancias de gobierno de la 4T están en crisis, conflictos que se suman al caos por las inundaciones en cinco entidades bajo la inoperancia del gobierno y a la cotidianidad de las masacres, robos y extorsiones del crimen organizado.

Ya desde la semana pasada comenzaron las movilizaciones de personal sindicalizado del Monte de Piedad, que estallaron la huelga por la denuncia de los abusos de la administración, que quiere terminar con el contrato colectivo de los trabajadores, además del no aumento de sueldo. Manifestaciones que, por cierto, siguen en pie. 

Por otro lado, esta mañana comenzó un paro nacional de trabajadores del SAT, quienes aseguran que hay incertidumbre en el empleo y existe una falta de aumento salarial. Por si fuera poco, hoy también se unen a las manifestaciones de agricultores que demandan, se atienda al campo y se retiren los granos del T-MEC y se de revisión a la tan presumida ley general de aguas, pues aseguran que lo derechos que ya se tenían no se pueden retirar. 

Los problemas crecen día a día en diferentes frentes, ante la narrativa del gobierno de minimizarlos, además del rostro incontable de la corrupción entre sus principales personajes, hoy por hoy envueltos en toda clase de escándalos..

La diputada federal del PAN por Chihuahua, Rocío González, exhibió como la ex ministra de la Corte y ex Secretaria de Gobernación en el gobierno de AMLO, en  su participación en el parlamento abierto a la reforma a la Ley de Amparo les otorga la razón a la oposición.

“He escuchado a muchos morenistas decir que, la respetan y le reconocen su trayectoria, este es el momento de que no solo quede en palabras, votando en contra del dictamen que como hemos dicho y lo señala la ministra en retiro, restringe derechos adquiridos”, dijo la diputada.

Compartió parte de la exposición, Olga Sánchez Cordero en done alerta  que la reforma afectará acciones colectivas como las promovidas por comunidades indígenas, personas LGBTIQ+, consumidores, defensores del medio ambiente o jubilados, al imponerles demostrar un daño directo para poder acceder al amparo.

“Ya no será posible promover el recurso de revocación ante el SAT, ni el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Incluso desaparece la opción del pago en garantía como vía de defensa del contribuyente”, explicó.