Los legisladores de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados interpusieron ante el Tribunal Electoral una impugnación en contra de la conformación del Comité de Evaluación formado por el Congreso debido a la afinidad de los perfiles con la 4T.
Así lo anunció el diputado Héctor Saúl, quien con la firma de Margarita Zavala presentó un juicio de derechos ciudadanos ante la Cámara de Diputados por la aprobación del Comité acusando que el proceso para su elección fue irregular y opaco.
“Fue creado de forma anómala, en total opacidad con falta de transparencia y sin la participación plural de todas las fuerzas parlamentarias. (…) Estamos demandando la nulidad, la revocación del Comité que marca la reforma”, señaló el panista en un video.
Añadió que no se cumplieron los requisitos de seguridad, certeza y transparencia, por lo que aparte de la nulidad, se debía de rehacer el proceso: “Queremos un Comité que sea plural, que tenga imparcialidad y que brinde certeza a todos los mexicanos”.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo está compuesto por Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Repper, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres, todos relacionados con Morena y serán encargados de evaluar candidaturas para las elecciones del Poder Judicial.
Pues Maday Merino fue señalada de ser incondicional de Adán Augusto López; García Repper fue representante del guinda ante el Instituto Electoral de Tamaulipas; Briseño Torres fue suplente de la diputada Diana Karina Barreras, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, por mencionar algunos casos.
Con información de Político.mx
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.