CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El español Sergio Canales convirtió un penal sobre el final del encuentro y el Monterrey se impuso 1-0 sobre Pumas para tomar una magra ventaja en su serie de cuartos de final.
Canales convirtió desde los 11 pasos a los 90 minutos y eso les bastó a los Rayados para llevarse la victoria.
Antes del penal, Pumas había generado los únicos dos tiros a puerta en el encuentro, ambos en la primera mitad con intentos de César Huerta y Jorge Ruvalcaba, quienes no estuvieron certeros en claras oportunidades.
Pumas, dirigido por el argentino Gustavo Lema, necesita un triunfo por diferencia de un gol como local para avanzar por mejor posición en la tabla, donde terminó quinto.
Los Rayados, que son comandados por el también argentino Martín Demichelis necesitan cualquier empate para acceder a la ronda de los cuatro mejores.
El encuentro de vuelta es el domingo a mediodía en el estadio Olímpico de la capital.
Los universitarios buscan acceder a sus primeras semifinales desde el Apertura del año pasado cuando perdieron ante Tigres.
Pumas, uno de los cuatro equipos más populares en México, no logra ser campeón desde el torneo Clausura 2011.
Monterrey se adelantó cuando el colombiano Johan Rojas entró al área por izquierda y Pablo Bennevendo intentó detenerlo, pero resbaló y tocó la pelota con la mano sobre el césped para que el árbitro marcara penal.
Con información de proceso.com.mx
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.