El coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez Madrid, salió en respaldo del voto de los senadores del PAN en la ampliación del catálogo de delitos bajo prisión preventiva oficiosa, entre ellos el senador por Chihuahua, Mario Vázquez, “desde el Congreso del Estado les decimos que respaldamos al senador Mario Vásquez en ese sentido”.
Indicó que en un país donde pareciera de una puerta giratoria, a veces el juzgador no puede retener a un delincuente porque no encuentra mecanismos legales, “tres áreas importantes de oportunidad para que los juzgadores puedan hacer frente a amenazas concretas, el tema del fentanilo, hoy el tema del fentanilo puede ser y debe ser motivo de prisión preventiva oficiosa porque estamos viviendo una epidemia”.
Destacó que en los temas fiscales, hay que atacar a las organizaciones criminales desde lo financiero, “hay algunas cosas que con Morena no vamos a transitar, pero no podemos hacer una oposición reactiva, vamos a una oposición que analice las cosas y que en un estado como Chihuahua, lo que beneficia a nuestros jueces y juzgadores y que permita darle seguridad a los ciudadanos”.
“Desde el Grupo Parlamentario del PAN, respaldamos al senador Mario Vázquez, a los senadores de Acción Nacional que votaron a favor, porque al final del día, la delincuencia la padecemos ustedes y yo y no podemos nada más quedarse en la parte teórica y del final del derecho, hoy necesitamos acciones contundentes contra la delincuencia…, me parece bien que este tema sea contra el fentanilo y, sobre todo, contra el lavado de dinero”, acotó.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.