El Gobierno de Joe Biden renovó el viernes el alivio a la deportación que actualmente cubre a 900,000 inmigrantes de Venezuela, El Salvador, Ucrania y Sudán, una medida que retrasaría cualquier intento del presidente electo Donald Trump de poner fin a esas protecciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplió la inscripción en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para esas naciones, dando a los inmigrantes un indulto de deportación y acceso a permisos de trabajo por 18 meses adicionales.
El demócrata Biden aumentó considerablemente el número de inmigrantes que pueden acogerse al TPS desde que asumió el cargo en 2021. El estatus, que está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario, ahora cubre a más de 1 millón de personas de 17 naciones.
Trump, un republicano que regresa a la Casa Blanca el 20 de enero, intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones en el TPS durante su mandato de 2017 a 2021, pero los tribunales estadounidenses se lo impidieron.
Trump ganó otro mandato prometiendo una amplia represión de la inmigración y de nuevo se espera que intente poner fin a la mayoría de las protecciones del programa de Estatus de Protección Temporal.
El equipo de transición de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Unos 600,000 venezolanos pueden acogerse al TPS, la mayor población del programa.
El Gobierno de Biden, que otorgó por primera vez el estatus a los venezolanos en 2021, citó los altos niveles de delincuencia en Venezuela relacionados con la inestabilidad política y económica bajo el presidente Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato el viernes.
Con información de El Economista.
El Instituto Nacional Electoral (INE) sentó un precedente claro al anular los triunfos de 33 candidatos a magistrados de circuito por incumplir con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura.
Esto ha generado eco en Chihuahua por el nombramiento de Gerardo Javier Acosta Barrera como magistrado en materia penal debido a su promedio universitario de 7.40 está por debajo del 8.0 mínimo requerido por la convocatoria.
También recuerdan que Rubén Aguilar, fue excluido precisamente por no alcanzar el promedio mínimo en su licenciatura, no entró en ninguna de las listas y con "chapuza" se coló brincando de secretario a titular de sala en menos de un día.
El INE, en su momento, defendió la constitucionalidad de este requisito, rechazando proyectos que buscaban avalar promedios de 7.9. Esta postura del INE subraya la importancia de la excelencia académica como un pilar fundamental para el desempeño de funciones de un magistrado.
Hasta los requisitos mínimos como son los promedios de escuela son objeto de trampa.
El Instituto Nacional Electoral (INE) sentó un precedente claro al anular los triunfos de 33 candidatos a magistrados de circuito por incumplir con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura.
Esto ha generado eco en Chihuahua por el nombramiento de Gerardo Javier Acosta Barrera como magistrado en materia penal debido a su promedio universitario de 7.40 está por debajo del 8.0 mínimo requerido por la convocatoria.
También recuerdan que Rubén Aguilar, fue excluido precisamente por no alcanzar el promedio mínimo en su licenciatura, no entró en ninguna de las listas y con "chapuza" se coló brincando de secretario a titular de sala en menos de un día.
El INE, en su momento, defendió la constitucionalidad de este requisito, rechazando proyectos que buscaban avalar promedios de 7.9. Esta postura del INE subraya la importancia de la excelencia académica como un pilar fundamental para el desempeño de funciones de un magistrado.
Hasta los requisitos mínimos como son los promedios de escuela son objeto de trampa.