Colectivos denuncian que en Colima existen espacios de exterminio como el rancho de Teuchitlán

COLIMA, Col. (apro).- En el marco del luto nacional por el hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, familiares de personas desaparecidas encabezaron la tarde de este sábado en Colima una marcha desde el parque de la Piedra Lisa hasta la Casa de Gobierno, en cuyo exterior colocaron zapatos, ropa y veladoras, así como pancartas y lonas con fotografías de víctimas que no han sido localizadas.

La Red Desaparecidos en Colima A.C. denunció que en esta entidad también existen espacios de exterminio en lugares como la comunidad de Santa Rosa, municipio de Tecomán, y Agua de la Virgen, en Ixtlahuacán, donde en los últimos años según diversas fuentes, han sido encontrados más de doscientos cuerpos en fosas clandestinas.

 

Además, en otros sitios “hemos encontrado seres humanos mutilados, enterrados con basura, como si la vida no importara; por eso a nuestra entidad le llamamos Colima Fosa Común”, afirmó la organización a través de un pronunciamiento leído por su presidenta, Carmen Sepúlveda Gómez.

Señaló que los hallazgos en Teuchitlán “son el doloroso recordatorio del horror que las familias buscadoras hemos resistido por tanto tiempo, un horror que está presente en Colima y que ha desgarrado la vida de tantas familias”.

Durante el acto realizado en el exterior de la Casa de Gobierno, que permaneció cerrada todo el tiempo, el colectivo de familiares denunció que “después de observar de frente la desgarradora realidad en la que vivimos, después de conocer la deshumanización y crueldad, las familias estamos seguras que esta barbarie se ha gestado en la indolencia y la complicidad del Estado, así como del silencio e indiferencia de nuestra sociedad, especialmente de aquellos más privilegiados”.

Hizo un llamado a la indignación frente a la desaparición de vidas y la violencia armada que padece el pueblo mexicano. “Hacemos una invitación a sumarse al luto de las miles de familias que hoy viven en la incertidumbre y de las miles de vidas arrebatadas en Colima y nuestro país”.

También llamó a reconocer que, en la actualidad, ninguna persona puede vivir en paz, nadie puede sentirse segura o seguro al caminar por las calles.

“Nos negamos a normalizar la violencia. Nos negamos a vivir con miedo. Nos negamos a la indiferencia, exigimos al Estado la verdad, el reconocimiento y justicia a las víctimas de desaparición en todo el país, exigimos verdad, el reconocimiento y justicia para nuestros hermanos y hermanas migrantes masacrados y desaparecidos en su camino por una vida mejor”.

Exigieron a los gobernantes “dejar de lado los egos, las agendas personales y político-electorales, para que cumplan su trabajo como servidores públicos, con el objetivo de preservar la vida y la dignidad humana; que sepan que su silencio no es lealtad partidista, es complicidad homicida”.

 

Asimismo, el colectivo de familiares demandó un alto a la criminalización, hostigamiento y asesinato de las personas buscadoras. “Que buscar verdad y justicia no nos cueste la vida”.

Además, pidieron transparencia y respeto en los procesos de identificación humana y “un alto a la mercantilización de la vida y la muerte, por las transnacionales y el narcoestado”.

A la sociedad le pidieron que “no sea indiferente frente a la violencia y el exterminio masivo, que no mire a las familias con personas desaparecidas o asesinadas, como un ente extraño, sino como un miembro más que ha sido lastimado y que necesita acompañamiento y voz, para clamar por verdad y justicia”.

 

 

 

Con información de: Proceso.

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Así que, esta nueva agencia tendrá las facultades para autorizar y quitar concesiones, lo que hacía el IFT, así como supervisar contenidos en estaciones de radio y televisión, en redes sociales, incluso, hasta de bloquear las plataformas digitales, así como también limitar publicidad y controlar narrativas.

Con lo anterior, a decir del analista Juan Ortiz, lo que realmente avanza es una agenda de control sobre la libertad de expresión y la competencia en el sector.

Sobre esta iniciativa de ley, voces desde la oposición del Senado consideran que es inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales. Por lo pronto se informa que viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

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