mPejg6BLa Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) activó su protocolo de emergencias para enfrentar la temporada de huracanes y garantizar la seguridad de la población. Por instrucciones del secretario Jesús Antonio Esteva Medina, la Dirección General de Conservación de Carreteras desplegó maquinaria y personal en las regiones de alto riesgo, especialmente en zonas costeras y las 38 áreas con mayor siniestralidad.mPejg6B Omnia.com.mx
mPejg6BEntre el equipo disponible hay excavadoras, retroexcavadoras, tractores y camiones de volteo, esenciales para atender deslaves y avalanchas que puedan bloquear carreteras. Además, un grupo especializado monitorea constantemente el sistema meteorológico para anticipar la llegada de tormentas y huracanes. mPejg6B Omnia.com.mx
mPejg6BSegún la CONAGUA, este año se esperan alrededor de 30 tormentas tropicales entre el Atlántico y el Pacífico, algunas con potencial de convertirse en ciclones o huracanes. La SICT opera bajo el protocolo de emergencias basado en la Ley General de Protección Civil, con el objetivo de proteger a la población y su entorno. mPejg6B Omnia.com.mx
mPejg6BLas medidas incluyen la conservación rutinaria de carreteras y puentes, el desazolve de obras de drenaje y la limpieza de estructuras vulnerables. También se identifican puntos críticos para prevenir bloqueos y establecer rutas alternas en caso de cierres totales.mPejg6B Omnia.com.mx
mPejg6BCon estos esfuerzos, la SICT busca minimizar los impactos de los fenómenos meteorológicos y asegurar la movilidad en la red carretera del país.mPejg6B Omnia.com.mx
mPejg6BCon información de la-guardia.com.mxmPejg6B Omnia.com.mx
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.
El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.
El INE, se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.
En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de pesos.
Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.
La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y responsabilidad democrática.