La muerte Jocelyn injusta y absurda, solo por avaricia de concesionarios y negligencia de autoridades
Ciudad Juárez Chih, 21 de marzo 2025.- María Antonieta Pérez Reyes diputada por morena en el Congreso del Estado, dio a conocer que ella y el grupo de abogados de ‘Lex Iusta’ serán quienes representen a la familia de la joven Joscelyn quien al ser atropellada por un autobús de transporte de personal que ‘se quedó sin frenos’ falleció el pasado 11 de marzo en la colonia Plutarco Elías Calles.
Se sabe que el chofer del autobús que conducía la unidad sin placas oficiales de circulación y con más de 20 años de antigüedad, cuando la ley permite sólo 10 para poder laborar, quedó vinculado a proceso por daño moral y responsabilidad civil, pero enfrentará el juicio en libertad.
‘Si los concesionarios no quieren o no entienden que tienen que traer camiones en condiciones aptas para el manejo tendrán que pagar las consecuencias cuando le arrebaten la vida a un ciudadano’ advirtió la legisladora, ya que agregó que junto con el equipo de abogados agotaran todas las instancias para que se haga justicia por lo que se califica de absurdo que le arrebató la vida nuevamente a una joven juarense.
La congresista Pérez Reyes indicó que tras dialogar con la madre de la menor de nombre Adela y la abuelita, llegó a la conclusión que en este caso hay más de un responsable por lo que el caso de Joscelyn no quedará impune.
Concluyó la diputada María Antonieta que es “increíble” que los concesionarios tengan que ser obligados para traer sus unidades en condiciones dignas y que Transporte Público del Gobierno del Estado no ponga orden en el sistema que da servicio a la maquiladora en el traslado de su personal.
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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
