
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el viernes que firmó una orden ejecutiva para incentivar a los migrantes ilegales a autodeportarsemediante un programa que les ofrece vuelos gratuitos desde Estados Unidos hacia el extranjero.
"Estamos haciendo que sea lo más fácil posible para los inmigrantes ilegales salir del país", dijo Trump en su plataforma Truth Social.
"Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país", dijo.
Explicó que quienes estén interesados también podrán reservar un vuelo a través de una aplicación.
"Mientras no estés aquí, puedes ir a donde quieras", sostuvo el mandatario republicano, y advirtió que quienes permanezcan en suelo estadounidense estarán sujetos a sanciones, como la expulsión hacia lugares y a través de métodos que estarán bajo "entera discreción" de la administración.
El gobierno anunció el lunes que destinará 1,000 dólares a los inmigrantes que salgan voluntariamente, y que además cubriría sus gastos de transporte, para que "quizás algún día" puedan regresar a Estados Unidos legalmente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que este procedimiento "reduciría el costo de la deportación en aproximadamente un 70%".
Según la entidad, el costo promedio de arrestar, detener y deportar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos es actualmente de unos 17,121 dólares.
El departamento informó que una persona de Honduras ya se benefició de este programa para regresar a su país.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las principales banderas de su segundo mandato. Se ha referido al fenómeno como una "invasión" de Estados Unidos por parte de "criminales del extranjero".
Sin embargo, su programa de expulsiones masivas se ha visto frustrado o ralentizado por múltiples fallos judiciales.
Con información de: El economista.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
